Extesorera alcaldía de Armenia y Banco BBVA responsables de daño patrimonial por más de Seiscientos millones de pesos

La Contraloría Municipal de Armenia halló responsables fiscalmente y a título de culpa grave en fallo de primera instancia, a la extesorera de la Alcaldía de Armenia Beatriz Elena Arias González y...

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La Contraloría Municipal de Armenia halló responsables fiscalmente y a título de culpa grave en fallo de primera instancia, a la extesorera de la Alcaldía de Armenia Beatriz Elena Arias González y al banco BBVA, a pagar solidariamente el daño patrimonial causado al municipio cuantificado en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($686.121.650)  

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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL

ARMENIA QUINDÍO

FALLO 008 DEL TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2019 PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL 002-2015

ANTECEDENTES

La Oficina de participación ciudadana de la Contraloría Municipal de Armenia Quindío, recepcionó denuncia ciudadana publicada en el diario la Crónica del Quindío, por unos supuestos traslados fraudulentos en las cuentas que Municipio de Armenia, tenía en el Banco BBVA.

Al realizar seguimiento a dicha denuncia, se percata el grupo auditor, que dentro del alto volumen de cuentas se encuentra la del predial, cuenta que se encuentra incluida dentro de las afectadas por el hurto electrónico.

Otro hecho que deja entrever el seguimiento de dicha denuncia, es la falta de control sobre las cuentas del Municipio, las cuales, ni siquiera se encuentran debidamente conciliadas, considerando esta tarea, como un hecho fundamental para el manejo y control de cualquier clase de cuenta.

También se evidenció, que ingenieros de las TICS asistieron el computador de la tesorera el día 30 de agosto de 2013, en horas de la mañana, conforme se desprende de la investigación dada por el personal entrevistado, esto debido a una falla de internet reportada por la tesorera.

Teniendo en cuenta el monitoreo transaccional del BBVA, el 23 de agosto de 2013 a las 10:15 horas, Llama al teléfono 7417100 ext 122, quien recibió la llamada fue la señora Lucero Riveros de la Tesorería Municipal, a la cual el banco le informa sobre la transacción sospechosa pero la comunicación se corta.

Minutos más tarde se realiza nuevamente la llamada, pero la persona que contesta no se identifica y manifiesta que lucero no se encuentra y que ella es la encargada de eso.

El día 30 de agosto se realiza otra llamada a la tesorera y en esta ocasión se logra entablar conversación con la señora Lucero Riveros, a quien se le informa la anomalía presentada y esta manifiesta que se contactará con la tesorera y les indica que llamen más tarde, al llamar más tarde la llamada no es contestada.

También se logró evidenciar que el Banco BBVA al momento de detectar las transacciones sospechosas, y ante la imposibilidad de comunicarse con su cliente, envió notificaciones de alerta por mensaje de texto y al correo electrónico de la Tesorería Municipal.

El valor de dicho fraude, y que no pudo ser recuperado fue de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($754.251.279).

Posterior a esto, el Municipio de Armenia, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, presentó demanda en contra del BBVA COLOMBIA S.A, en procura de que se declarara un incumplimiento contractual del contrato BBVA Net Cash suscrito el 03 de abril de 2012, contrato suscrito para realizar transacciones electrónicas.

Dicha acción culminó con la declaratoria de responsabilidad en contra del banco BBVA, al cual se le ordenó cancelar el equivalente al 30% del valor de la pérdida sufrida por el Municipio de Armenia, equivalente A DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS. ($226.275.383).

CONCLUSIONES

Del análisis de las normas referidas y del caudal probatorio recaudado, estima esta Dirección que existe mérito suficiente para dictar fallo con responsabilidad  fiscal.

Para una mayor interpretación argumentativa, el despacho procederá a analizar la conducta de cada uno de los presuntos responsables y su injerencia en el presente daño, así como también procederá a resolver los problemas jurídicos formulados así:

Son responsables fiscalmente los presuntos investigados dentro del presente caso en concreto?

Del análisis del caudal probatorio que reposa en el proceso, logramos concluir que hay lugar a declarar la responsabilidad fiscal en este asunto, pero únicamente en relación con la señora Beatriz Elena Arias González en su calidad de tesorera del Municipio para la fecha de los hechos, y del Banco BBVA S.A. en su calidad de depositario de los dineros del Ente Territorial.

Ahora bien, respecto de los señores Carlos Fernando Benítez, María Eugenia Niño, Jaime Alberto Llano, Yesica Cárdenas Justifico, Luz Elena Mejía Cardona y Lucero Riveros, el despacho no encuentra prueba fehaciente de la conducta dolosa o gravemente culposa desplegada por éstos frente a la generación el daño, razón por la cual, serán exonerados de responsabilidad fiscal por los hechos investigados.

Los argumentos que respaldan la tesis anterior, se sustentan en el siguiente análisis:

4.1.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Una vez resueltos los problemas jurídicos formulados, se torna necesario analizar los tres elementos configurativos de la responsabilidad fiscal, veamos:

EL DOLO O LA CULPA GRAVE

CONDUCTA DE LA SEÑORA BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ

Frente a la culpabilidad de la citada, se evidencia que su conducta se encuadra en la responsabilidad contemplada en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia

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De conformidad con el acervo probatorio y los argumentos expuestos en el acápite anterior, es cataloga la conducta de la señora Beatriz Elena Arias, como omisiva frente al cuidado de los recursos del Municipio de Armenia, teniendo en cuenta la ausencia de revisión, control y vigilancia de las cuentas que poseía el municipio de Armenia para la época de los hechos, adicional a la falta de cuidado y diligencia de la misma para con las herramientas electrónicas denominadas tokens.

En aplicación del artículo 63 del Código Civil, se puede afirmar que, la presunta con las conductas descritas anteriormente, desarrolló un actuar negligentemente grave, por no aplicar en los negocios ajenos el cuidado que aún, una persona de poca prudencia emplearía en sus propios negocios, actuó con descuido, con total falta de responsabilidad y una inmensurable desatención a sus deberes como tesorera general, son conductas que traen consigo una calificación de GRAVEMENTE CULPOSA y por tanto destinataria de una imputación de responsabilidad fiscal.

Al analizar las conductas desplegadas por la presunta en el ejercicio de sus funciones y frente a la prevención del daño, logramos observar que la misma faltó al deber de cuidado en el ejercicio de su cargo, prueba de esto son los requerimientos hechos por parte del banco BBVA, informando las transacciones sospechosas, requerimientos a los que la misma hizo caso omiso.

Dentro del plenario, quedó demostrado que desde el nueve (09) de agosto de 2013, se empezaron a presentar los movimientos sospechosos en las cuentas del BBVA, movimientos de los que el banco le notificó a la susodicha, mediante once (11) llamadas telefónicas a la línea celular 311-720-8606, veintidós (22) correos electrónicos enviados al correo (tesoreria@armenia.qov.co), reportes a los cuales la ex tesorera no prestó atención.

Si bien es cierto la línea celular y el correo de la tesorería, no son de uso exclusivo de la misma, conforme certificación que reposa en el informativo, lo cierto es también que era su deber estar al tanto de estos medios de comunicación, y más si eran a estos a donde el banco remitía cualquier tipo de notificación.

Y es que solo falta observar que las notificaciones se empezaron a enviar desde el nueve (9) de agosto y la última transacción se efectuó el treinta (30) de agosto, quiere decir que la citada, tuvo más de dos semanas para revisar su correo electrónico y su celular, a lo que en interrogatorio rendido ante la fiscalía general, manifiesta que no revisaba ni leía los correos del banco BBVA, porque el portal jamás se había utilizado, pero se pregunta este despacho, si eso puede ser tomado como una excusa? Y más con el pleno conocimiento de que en ese banco del que le enviaban notificaciones, reposaban parte de los recursos del Municipio de Armenia.

El juicio de reproche se realiza, toda vez que la misma, no tenía a su cargo recursos propios, sino recursos del erario público, que por su naturaleza requieren de mayor resguardo.

La conducta recriminada de la señora Beatriz Elena Arias, no se limita solo a este hecho, también a la falta de control de las mismas sobre las cuentas del Municipio, pues si bien es cierto las mismas tienen un atraso por administraciones pasadas, esto no es óbice para que la misma hubiera prestado mayor importancia a las mismas, implementando de esta manera, controles más seguidos, en aras de poder determinar y evitar anomalías como la sucedida.

La gestión fiscal de la ex tesorera, implicaba una vigilancia integral que incluía, una correcta conservación, administración y custodia de los recursos públicos a su cargo, la vigía de esta gestión implicaba además, un control financiero, control que como se dijo líneas atrás, no se tenía, porque de haberse tenido el daño hubiese sido menor o inexistente. Para soportar esta tesis traemos un extracto de jurisprudencia de la Corte Constitucional:

«La vigilancia de la gestión fiscal se ejerce de manera integral puesto que ahora incluye el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado. La vigilancia de la gestión fiscal incluye también el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados fundado en los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, trasparencia, publicidad y la valoración de los costos ambientales».

En sus alegatos de defensa, intentó trasladar la responsabilidad de las fallas de seguridad a la compañía VIPCOL, sin embargo no existe prueba sumaria de que esta, haya informado tales fallas a VIPCOL, tampoco realizó requerimientos a dicha compañía ni al departamento de bienes y suministros quien era el que supervisaba dicho contrato, prueba de ello, es la certificación expedida por el Departamento de Bienes y Suministros donde informan que no encontraban registro de ningún reporte, donde la extesorera, informara las fallas de seguridad en su oficina. Pero si por el contrario, se evidencian requerimientos hechos por esta dependencia a la presunta, para que tomara las medidas de seguridad pertinentes.

CONDUCTA DEL BANCO BBVA. S.A

Sea lo primero precisar que conforme se dilucidó en el planteamiento jurídico realizado por este redactor, el banco no puede exonerarse de ser investigado por este Órgano de Control, a pesar de existir  decisiones judiciales por los mismos hechos, pues conforme se planteó, esas decisiones nacieron de una acción de protección al consumidor y se tomaron en virtud de un estudio legal, financiero y contractual, razón por la cual, si es competencia de este órgano, examinar la conducta del banco BBVA, frente a la responsabilidad fiscal que se le atribuye en ejercicio de su gestión fiscal.

Plantea el apoderado de la entidad financiera, que la actuación del banco se ajustó al contrato celebrado para la utilización de la plataforma BBVA NET CASH, pues en el mismo reposaban contactos electrónicos y telefónicos a los cuales el banco podría dar aviso de cualquier alerta generada por el sistema. Gestiones que a su juicio, adelantó a cabalidad, pues al detectar las transacciones que se estaban efectuando, alertó a la tesorera mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas.                                                                                                      De la interpretación hecha por el despacho a la presente situación, y en concordancia con el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el banco no puede escudar su proceder en que actuó diligentemente porque hizo unas llamadas o envió unos correos, pues su actuar va mucho más allá de eso, y era su deber detener estos movimientos hasta no obtener respuesta por parte de la responsable.

Uno de los puntos objeto de pronunciamiento en las decisiones arriba referenciadas, es que el banco debía conocer el perfil transaccional de su cliente, pero en vista que el portal nunca había sido utilizado, dicho perfil no existía, y es por esta razón, que debía la entidad financiera estar aún más alerta, pues si el portal nunca había sido utilizado resultaba bastante sospechoso que fuera utilizado para hacer tantas transacciones continuas y por tanto valor.

Es así entonces, como el banco ejercicio de su gestión fiscal, al tener bajo su custodia, sumas liquidas de dinero identificadas como recursos públicos, no actuó con el deber y cuidado que se le reclamaba en tal escenario, pues más allá de enviar correos de notificación, debió frenar y bloquear los movimientos transaccionales, hasta no tener orden de viabilidad por parte de tesorería, es decir, su actuar fue insuficiente, tanto así que el fraude electrónico se materializó.

No se puede perder de vista, que el banco tenía la custodia de dineros públicos y según se demostró poco o nada hizo para evitar que se sustrajeran indebidamente. Pues no queda duda que el hecho de tener bajo su custodia recursos del erario, le exigía como entidad financiera tomar medidas drásticas diferentes a las usadas para administrar el dinero de los particulares.

Es en virtud de esos hechos, es que el banco está llamado a responder solidariamente en el presente caso en concreto.

En este orden de ideas, y frente al tema de la culpabilidad, es importante traer a colación la sentencia C-619 de 2002 para efectos de conocer lo definido constitucionalmente en materia de responsabilidad fiscal y la conducta culposa del gestor fiscal que trae como consecuencia el daño patrimonial.

«(.)5. La responsabilidad fiscal. Naturaleza jurídica y alcance.

5.2. Para la Corte, la responsabilidad fiscal viene a constituir «una especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a  quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público, e incluso a los contratistas y a los particulares que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado» En esa medida, igual a lo que acontece con la acción de repetición, la responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos -incluyendo directivos de entidades públicas, personas que adoptan decisiones relacionadas con gestión fiscal o con funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares por razón de los perjuicios causados a los intereses patrimoniales del Estado-.(negrilla nuestra)

EL DAÑO

Dentro del caso en concreto, existe certeza de que se sustrajo de forma fraudulenta una cuantiosa suma de dinero que el Municipio tenia depositada en la cuenta del Banco BBVA SA.

Fraude por el cual, se condenó penalmente un grupo de personas que no están relacionadas en el presente asunto, sin embargo, esto no fue razón para que esta instancia estudiara la conducta de cada uno de los servidores públicos que tuvieron algún tipo de injerencia con el daño acaecido.

Es de advertir que dentro de los condenados penalmente por el injusto penal, no se incluyó ninguno de los servidores públicos investigados en este asunto.

Se detiene esta dependencia, para estudiar la figura del daño desde el punto de vista legal para lo cual transcribe el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, para concluir que:

«daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado, que cuando es causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal.»

Sobre el tema en cita, es pertinente traer a colación la noción de daño del tratadista Iván Darío Gómez Lee:

«Frente a las actividades especiales que generan daño, las conductas que lo determinada son aquellas caracterizadas como actividades generadoras o especies de omisiones, verbos rectores según los cuales se entiende  por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o de los intereses patrimoniales del Estado, producidos por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado. »

De conformidad con lo expuesto, se determina un daño patrimonial al Estado, cuantificado en la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($528.245.896), por la cual deberán responder los señores Beatriz Elena Arias y EL Banco BBVA S.A y que será actualizada a valor presente, tal como lo señala el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, correspondiendo ello a la siguiente fórmula:                                                                                         Vp= Vh x Índice Final

Índice Inicial

Vp= Es el valor presente

Vh- Es el valor histórico, el cancelado en su valor nominal al momento del desembolso del dinero.

Índice Inicial: Es el IPC vigente a la fecha del mes en que acaeció el hurto electrónico a la cuenta del municipio.

Índice Final: Es el IPC vigente en el mes inmediatamente anterior al de la fecha del fallo, para este caso, el mes de septiembre de 2019.

Entonces:

Vp

Valor Histórico x índice Final/ Índice inicial.

Vp= $ 528.245.896 x 103,26/ 79,50

Vp- $ 686.121.650 pesos

Por lo que, el daño debidamente indexado causado al Municipio de Armenia, asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($686.121.650) MONEDA CORRIENTE.  

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal de Armenia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Responsabilidad Fiscal a título de culpa grave de BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía  número……..en calidad de Tesorera Municipal para la época de los hechos, y del BANCO identificado con NIT No. …. BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A,

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ, y a BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A, en forma solidaria, realizar el pago del daño patrimonial cuantificado SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($686.121.650)      

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de responsabilidad fiscal a las siguientes personas: Carlos Fernando Benítez, María Eugenia Niño, Jaime Alberto Llano, Yesica Cárdenas Justifico, Luz Elena Mejía Cardona y Lucero Riveros, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el art 101 de la ley 1474 de 2011

ARTICULO QUINTO: Declarar como tercero civilmente responsable a la PREVISORA SEGUROS S.A, quien deberá pagar la condena impuesta en esta providencia, hasta el límite del valor asegurado, previos los deducibles pactados en el contrato de seguro, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, en audiencia deberán las partes manifestar si se interponen recursos, mismos que deberán esta ser interpuestos ante interponen dependencia, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración de la diligencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme y debidamente ejecutoriado el presente Fallo sin que haya sido resarcido el daño al patrimonio del Estado, infórmese la decisión contenida en él, a la Contraloría General de la República, a efecto de que se incluya el nombre del Responsable Fiscal citado, en el Boletín de Responsables Fiscales, tal como lo señala el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y al Sistema de Información de Registro de Actuaciones y Causas de Inhabilidad «SIRI» de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del artículo 13 numeral 4 de la Resolución No. 143 del 27 de mayo de 2002 emanada de dicha Entidad, y articulo 38 numeral 4° de la Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Fallo, una vez en firme y ejecutoriado sin que se haya resarcido el daño al patrimonio del Estado, prestará mérito ejecutivo en contra de los responsables fiscales; por tanto, se remitirá el mismo con sus anexos y el correspondiente cuaderno de medidas cautelares, a Jurisdicción Coactiva, tal como lo estipula el artículo 58 de la Ley 610 de 2000, para que se inicie el respectivo Proceso de Cobro Coactivo.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez se encuentre en firme, remitir dos (02) copias integras del presente proveido a la oficina de contabilidad de la Contraloría Municipal de Armenia para que se surtan los registros correspondientes.

ARTICULO DÉCIMO: levantar las medidas cautelares a que haya lugar, pero únicamente en relación con las personas que fueron exoneradas de responsabilidad. Líbrese los oficios correspondientes.

 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SHAOLIN CARDONA ECHEVERRY

 Directora De Responsabilidad Fiscal

 Contraloría Municipal de Armenia Quindío.

Fuente: Contraloría Municipal de Armenia

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