Consejo de Estado negó apelación de nulidad de resolución que reeligió al Rector de la Uniquindío

Consejo de Estado negó apelación de nulidad de resolución que reeligió al Rector de la Uniquindío

En fallo de segunda instancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmó la sentencia proferida el 29 de agosto de 2019 por medio de la cual la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda radicada en contra de la reelección del rector José Fernando Echeverry Murillo.

Foto: José Fernando Echeverry Murillo Tomada de la Crónica

Referencia: Nulidad Electoral. Radicación: 63001-23-33-000-2019-00080-01Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

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Antecedentes

Mediante sentencia del 29 de Agosto de 2019, la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo del Quindío negó la pretensión de la demanda de nulidad electoral instaurada por el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución No. 082 del 22 de abril de 2019, a través de la cual el Consejo Superior de la Universidad del Quindío nombró como rector del referido ente universitario al señor José Fernando Echeverry Murillo.

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, contra la sentencia de 29 de agosto de 2019, por medio de la cual la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el señor José Fernando Echeverry Murillo, por su designación como rector de la Universidad del Quindío.

Pretensiones

En ejercicio del medio de control de Nulidad Electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, solicitó la nulidad de la Resolución No. 082 del 22 de abril de 2019, a través de la cual el Consejo Superior de la Universidad del Quindío nombró como rector al señor José Fernando Echeverry Murillo, para el período reglamentario de cuatro (4) años, comprendido entre el primero (1º) de mayo de 2019 hasta el treinta (30) de abril de 2023, por estimar que se encontraba inhabilitado.

Trámite procesal

Mediante sentencia del 29 de Agosto de 2019, la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo del Quindío negó la pretensión de la demanda de nulidad electoral instaurada por el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución No. 082 del 22 de abril de 2019, a través de la cual el Consejo Superior de la Universidad del Quindío nombró como rector del referido ente universitario al señor José Fernando Echeverry Murillo.

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 El recurso de apelación

El señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, teniendo como fundamento los siguientes argumentos (Fols. 112-114):

Sostiene que la decisión del juez de primera instancia parte de una concepción equívoca de la sanción disciplinaria de que habla el artículo 32 del Acuerdo No. 005 de 28 de febrero de 2005, pues el juzgador considera como tal solo aquella emanada de la Procuraduría General de la Nación y que además haya sido registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades de dicho órgano de control, lo que indudablemente desnaturaliza el poder disciplinario que le ha sido otorgado a los jueces como garantes del cumplimiento de sus propias decisiones.

Indica que el a quo desconoció el estudio del artículo 29 de la Ley 393 de 1997 que, en sede de constitucionalidad, llevó a cabo la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-542 de 2010, en la que se precisó que la sanción que impone el juez en el trámite de un incidente de desacato reviste el carácter de jurisdiccional disciplinario y no una simple amonestación a la parte que incumple una orden judicial. Por consiguiente, al habérsele impuesto al señor José Fernando Echeverry Murillo una sanción de dichas características, es dable concluir que estaba inhabilitado para participar en el proceso de designación de rector de la Universidad del Quindío.

Concepto de la delegada del Ministerio Público.

Solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, pues considera que si bien la imposición de sanciones por desacato de un mandato judicial configura una manifestación expresa del poder punitivo del Estado, es una potestad que tiene el carácter de correccional más no disciplinaria, cuyo único fin es lograr el adecuado orden y buena marcha del proceso, lo que dista de la que estrictamente tiene la connotación de disciplinaria, que propende por garantizar la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, de conformidad con los principios que rigen la función pública.

Precisa que conforme a la anterior distinción, el mismo legislador ha tratado de zanjar dicha discusión, lo que resulta notorio en el cambio que trajo consigo el Código General del Proceso que, en su artículo 44, modificó las expresiones “poderes disciplinarios” que traía el derogado Código de Procedimiento Civil, para reemplazarlas por “poderes correctivos o correccionales del juez”; precepto que resulta aplicable en el incidente de desacato que se apertura en el trámite de una Acción de Cumplimiento, por expresa remisión del artículo 29 de la Ley 393 de 1997.

Aclara que no toda sanción disciplinaria trae aparejada una inhabilidad para desempeñar cargos públicos, pues debe recordarse que el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 dispone que solo la destitución y la suspensión en el ejercicio del cargo traen consigo una inhabilidad. En este sentido, el demandante no puede dar un alcance diferente a la norma estatutaria que rige el proceso de selección de rector del ente universitario autónomo, ampliando el marco del requisito inhabilitante en discusión al señor Echeverry Murillo, por el hecho de haber sido condenado a pagar una multa que, dicho sea paso, no se encuentra vigente por cuanto fue pagada el día 21 de agosto de 2018.

Caso concreto

En el caso de la Sentencia C-542 de 2010, invocada en la presente demanda, la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de los incisos 2º de los artículos 29 de la Ley 393 de 1997  y 41 de la Ley 472 de 1998 , por cuanto el actor dentro de ese proceso de constitucionalidad, estimó que las expresiones pertinentes de dichos preceptos desconocen los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, habida cuenta que establecen como obligatorio el grado jurisdiccional de consulta cuando se resuelve sancionar a la autoridad que ha incumplido, pero no cuando se decide absolver al presunto renuente.

Al respecto, la alta corte encontró razonable la diferencia de trato dispensada por el legislador para favorecer a la autoridad en caso de ser sancionada, estudiando para el efecto la naturaleza del grado jurisdiccional de consulta y las diferencias procesales que existen entre la persona objeto de la sanción y quien inicia el incidente de desacato, para finalmente concluir la exequibilidad de los apartes acusados.

Ahora bien, no se desconoce que en efecto en la sentencia en cita, la Corte Constitucional afirma que la autoridad reconocida a los jueces para llevar a cabo medidas correccionales se enmarca dentro de los poderes disciplinarios; sin embargo, considera la sala que dicha consideración fue traída por el recurrente de manera descontextualizada, alterando su sentido y alcance, en cuanto no tiene relación directa e inescindible con las censuras que expuso el accionante en esa oportunidad ni mucho menos con la parte resolutiva de la providencia, máxime cuando no se demandan los incisos en los que se instituyen los poderes correccionales del juez del desacato; por consiguiente, no es exigible su aplicación al caso concreto, en calidad de precedente. 

Conclusión

Conforme a los anteriores planteamientos, la sala concluye que frente al señor José Fernando Echeverry Murillo no se configuró la inhabilidad establecida en el artículo 32 del Acuerdo 05 de 28 de febrero de 2005 y, por consiguiente, la presunción de legalidad que reviste el acto de elección demandado no fue desvirtuada, razón suficiente para confirmar la sentencia apelada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

FALLA:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 29 de agosto de 2019 por medio de la cual la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Magistrada

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