Los líos del exgobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Obispo acaba de suspender a Carlos Osorio. Procuraduría y Fiscalía investigan varios contratos. El exgobernador del Quindío y sacerdote católico, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se quedó literalmente desempleado. Su mandato expiró el...

Obispo acaba de suspender a Carlos Osorio. Procuraduría y Fiscalía investigan varios contratos.

El exgobernador del Quindío y sacerdote católico, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se quedó literalmente desempleado.

Su mandato expiró el pasado 31 de diciembre de 2019. Y aunque algunos daban por hecho que se podría de nuevo la sotana y se le asignaría una parroquia, el obispo de Armenia, Carlos Quintero Gómez, lo acaba de suspender de manera indefinida.

Así se lee en una carta que Quintero decidió hacer pública, fechada el 3 de enero de 2020, en la que advierte que el exmandatario no podrá celebrar sacramentos, ejercer la dirección espiritual o dar catequesis.

«La suspensión es una censura por lo cual se le prohíbe al clérigo el ejercicio de derechos que le corresponden por su potestad de orden», dice la carta. Y luego explica que se trata de una «pena medicinal».

EL TIEMPO estableció que el castigo público se debe a que el exmandatario pasó por alto la prohibición que pesa sobre los sacerdotes de acceder a cargos públicos. Por ende, se encontraba en desobediencia.

Esta es la carta de suspensión del exgobernador del Quindío, por orden del Obispo de Armenia:

La indagación

«Cuando decidí presentarme como candidato a la gobernación del Quindío lo hice porque, a conciencia, consideré que era lo correcto por el bien del departamento. Como consecuencia, respeto y asumo la decisión de Monseñor, quien es sucesor de los apóstoles y les debo obediencia», escribió en sus redes el exmandario al conocer la decisión de la iglesia.

Pero la suspensión temporal no es el único problema que afronta.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que indagan una versión según la cual dineros de la valorización de Armenia habrían sido usados en la campaña que llevó a Osorio Buriticá a la gobernación.

Así lo señaló, a principios de diciembre,  Francisco Javier Valencia Salazar, exesposo de la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, en medio de un preacuerdo que busca con la justicia.

Según documento en poder de la Fiscalía 20 seccional, parte de la plata recaudada  fue desviada a al menos dos campañas políticas, una de ellas la de Osorio Buriticá.

En el preacuerdo se mencionan montos, fechas y candidatos a alcaldías, concejos y asambleas supuestamente beneficiados.

“El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, realizó un pacto para que se financiara el 100 por ciento de su campaña con los dineros procedentes de valorización, se acordó una cifra de 1.200 millones de pesos”, se lee en el documento, que Valencia Salazar suscribió desde la cárcel de Armenia y que el exgobernador negó de manera tajante.

“Solo recibí las donaciones que declaré ante el Consejo Nacional Electoral (…) Jamás comprometí los dineros del Estado para pagarle a alguien esas contribuciones. La prueba está en las licitaciones públicas y en la contratación estatal general, que en estos cuatro años tuvieron gran cantidad de oferentes, tanto así que mi gobierno tuvo un promedio de 7,7 oferentes por licitación pública, cuando recibimos un cuatrienio donde el promedio fue de 1,3”, le dijo a medios locales a principios de diciembre.

De hecho, el exmandatario asegura que el Quindío fue el primer departamento en adoptar lo llamados pliegos tipo y puso en marcha una sala de transparencia para contratación.

En todo caso, se puso a disposición de la Fiscalía por esos señalamientos.

La Procuraduría también lo investiga por  un contrato para la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la Línea de Emergencia 123, cuyo valor asciende a 2.360 millones de pesos.

Por ese caso fue llamado a juicio disciplinario, el pasado 30 de julio. Aunque sus abogados solicitaron la nulidad del proceso -alegando la aplicación indebida del procedimiento verbal y la vulneración de derechos fundamentales y del debido proceso- la solicitud fue negada.

Fuentes de la Procuraduría también recordaron que, el 19 de diciembre, se le solicitó a su administración suspender de manera inmediata cinco procesos de contratación directa, por 2.965’799.000,00 para arreglo de la malla vial e interventorías, por una presunta vulneración al ordenamiento jurídico y eventual defraudación del patrimonio público.

Sin embargo, como último acto de gobierno, la solicitud no fue acogida, al considerar que, con tales procedimientos, «no se ha vulnerado el ordenamiento jurídico colombiano ni se ha presentado defraudación alguna al patrimonio público bajo el argumento de que se estaban cumpliendo todos los preceptos legales».

Fuente y texto: El Tiempo.com

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