Tres abogados también son investigados, en calidad de intervinientes, por los posibles hechos irregulares.
Foto portada: Jesús Alejandro Garzón, pantallazo de Noticias Caracol
En las últimas horas, en desarrollo de la estrategia investigativa para combatir la corrupción en la administración pública, la Fiscalía en conjunto con la Dijín logró la captura de Jesús Alejandro Garzón funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba hasta el pasado viernes, 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión.
La captura de Jesús Alejandro Garzón
Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos servidores de esa entidad, que al parecer actuaban de manera ilícita en el despacho del ex procurador general Fernando Carrillo.
La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el
primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y
otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física
que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en
diciembre de 2019.
Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de 2 personas, al
parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su
favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció
en otro cargo público en el año 2012.
El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando
y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.
Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la
exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de
presentar dichas tutelas.
Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la
actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora.
El ente acusador hace pública esta información por razones de interés general.
Periodismo Investigativo conoció a través del portal Infobae que:
La Fiscalía lo acusa de hacer uso de sus facultades como servidor público para exigirle $300 millones a un senador de la República que, al parecer, se trata Richard Aguilar del partido Cambio Radical, para resolver a su favor un proceso disciplinario por el que ya fue sancionado en primera instancia.
El director especializado contra la corrupción, Eduard Alirio Calderón Muñoz, explicó que el funcionario habría cometido los hechos en diciembre de 2019 mientras el ahora senador ejercía otro cargo público en 2012.
El delito por el que se le acusa es de concusión. “Además, la investigación estableció que, con particulares, esta persona asesoraba para obtener tutelas en contra de la Procuraduría General de la Nación”, afirmó Calderón.
La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción se llevó a cabo desde el primer semestre de 2020 a través de interceptación de comunicaciones y pruebas técnicas, principalmente. Junto con otras labores de policía judicial, el ente acusador pudo recoger los elementos probatorios necesarios para evidenciar el posible delito y así proceder con la captura.
El pasado 15 de enero se conoció que la Procuraduría junto con la Veeduría, abrió un proceso disciplinario contra el funcionario y lo suspendió de su cargo por tres meses. El ente de control aseguró que el hombre al parecer recibía dinero a cambio de información privilegiada y que se dedicaba, como lo reportó la Fiscalía, a cambiar el sentido de los fallos disciplinarios. Al parecer el entonces procurador Carrillo se enteró de los hechos en diciembre de 2019 y ordenó iniciar con la verificación por parte de la Dijín, además denunció el caso con la Fiscalía especializada.
Al parecer, la sanción contra Richard Aguilar se dio cuando era gobernador de Santander. En diálogo con Blu Radio, el ahora senador dijo que Jesús Alejandro Garzón le habría cobrado esa suma “hace año y medio” y que se debió por la sanción por un contrato de cedularía de su primera gobernación. Agregó que finalmente el fallo fue a su favor, contrario a lo que pronosticaba Aguilar.
“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mí se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, dijo a la emisora.
Los otros extorsionados
De acuerdo con Blu Radio, otras de las posibles víctimas de extorsión por parte del exfuncionario, habrían sido Aida Merlano y alias Jesus Santrich.
Fuentes: Infobae y Blu Radio La captura
