El Juzgado 2° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Armenia (Quindío), envió a la cárcel a la ex alcaldesa de esa ciudad, Luz Piedad Valencia Franco y a 4 personas más, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras para la ciudad que le habían sido autorizadas con dineros recaudados por concepto de valorización, por lo cual hubo una apropiación de cerca de $12 mil millones.
Francisco Javier Valencia Salazar su esposo, Aura María Zapata Saldarriaga, Sebastián Congote Posada y Ricardo Arturo Ramirez Londoño, fueron los otros afectados con la medida en centro carcelario.
Para el caso de Julio César Escobar Posada y Juan Sebastián Londoño Forero fueron los beneficiados con medida de aseguramiento en sus residencias.
Es de anotar que la ex funcionaria deberá responder por los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora.
La exfuncionaria fue detenida el 6 de abril del presente año, junto a otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia, a quienes la Fiscalía también les formula cargos por diferentes conductas como peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
Las anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por $100.000’000.000.
Inferencia razonable del Concierto para delinquir.
“En la inferencia razonable, la norma establece claramente que es, que esa organización, esa empresa que se crea, si bien es una empresa, no es de las que protege el artículo 313 de la constitución política respecto de la libertad de empresa, esta empresa, teniendo en cuenta que el fin es un fin ilícito, comisión de delitos y en este caso contra la administración pública, no es una actividad empresarial que sea protegida por la constitución, el elemento del conocimiento del cual se deduce esa concertación, emana del interrogatorio de Fernando León Diez y que si bien en el sentido de imitar, es que si no se adjudicaba, pues si eso es uno de los riesgos que se puede coger y el valor adeudado es la comisión de éxito de la actividad, eso aparentemente parece una empresa normal, pero cuando está de por medio bienes del Estado, el proceso del concierto para delinquir que involucra a estas personas, empieza desde el momento mismo en que hay que modificarla, que es necesaria la intervención de otros actores y que parte desde los ‘’Acuerdos’’ que son requisito necesario primero, para modificar o adecuar el plan de desarrollo, para influir o adecuar en Planeación, para tramitar o influir dentro de la posibilidad de acudir recursos autorizaciones para obtenerlos en dos oportunidades, en acuerdos respectivos. Cuando se desarrolla toda la actividad tendiente a realizar u obtener autorización para contribución de valorización, mecanismos ilegales y de ahí que al someter a control el acto que atribuye o sea el ‘’Acuerdo que sale del Concejo’’ y que requiere la revisión de Jurídica para que sea sancionado por la Alcaldesa y todo el trámite, este acto es un acto legal, pero estuvo teñido diciendo, general que rige a partir de su publicación, porque es que obtener recursos para desarrollar obras es legal, ¿donde está el concierto? El concierto está en que nos unimos todos para conseguir desde la modificación que se necesitaba para obtener contratos, o sea a través de los contratos sacar el dinero y que fuera a manos de particulares, no para la satisfacción de los intereses o que deben o que obligan o que imponen a las entidades estatales que es la satisfacción de las … aquí se concertaron entonces y crece según el grado de participación a que no se imputare en el uso del espacio o de forma legal y aplicable el uso de la justicia premial, para todas las personas no se utilizó el concierto para delinquir aquí que hay, una inferencia razonable de la cual se puede deducir una organización criminal orientada a cometer delitos que atentan contra la administración pública, la seguridad pública, esa unión permitía entonces ir al concejo, conseguir la plata, aprobar valorización, sacar los contratos, realizar las obras, eso no puede ser gratuito, pero es que al servidor público se le paga por su trabajo, no puede buscar beneficios adicionales y menos a costa de los dineros de todos’’.