La Fiscalía 20 Seccional anunció como pruebas contra la exsecretaria del alcalde de Armenia, Lina Yaneth Pino Sánchez, la denuncia anónima, declaraciones y entrevistas tomadas a testigos, copias de certificados…
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un capitán, un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional que, al parecer, mediante diferentes actuaciones ilícitas, habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres. Además, para obtener las interceptaciones de dos personas muy allegadas a una de las empleadas.
Vendían drogas para la estructura criminal, perfilaban ciudadanos para ser extorsionados, escoltaban vehículos cargados con droga y hasta ordenaban asesinatos, así de espeluznante es lo que se está develando durante las audiencias de imputación de cargos a los 17 miembros de una banda criminal capturados en Tuluá.
La Fiscalía demostró que sentenciada se reunió con el entonces alcalde municipal Medardo Ortega Fonseca; el exsenador Mario Castaño y Nova Lorena Cañón Reyes para que le fuera entregado el contrato de 1.250 millones de pesos, el ente investigador también determinó que la mujer le entregó al exalcalde Ortega Fonseca 140 millones de pesos, con tal de ser beneficiada con la contratación.
La entidad presentó un entramado de al menos 60 personas que habrían estado relacionadas con el accionar corrupto de la multinacional brasileña en diferentes contratos.
Los operativos contra oficiales y suboficiales se adelantaron en distintas ciudades del país.
La polémica se generó tras una investigación periodística del medio Casa Macondo, que evidenció que Esteban Zabala habría mentido sobre su cargo.
A pocos días de que el presidente Gustavo Petro cumpla un año en el poder, tres escándalos lo han dejado sin 2 ministras y sin su jefa de gabinete, en casos que hoy son investigados por la justicia.
Estas personas habrían recibido ayuda de la red criminal para quedarse con seis contratos.
Integrantes del sindicato de trabajadores de la Procuraduría denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia a la procuradora Margarita Cabello y piden suspenderla del cargo ante la gravedad de los hechos.