Conozca en San José del Guaviare la calle que es escenario de la explotación sexual de niñas indígenas

Conozca en San José del Guaviare la calle que es escenario de la explotación sexual de niñas indígenas

*Angie, que no pasa los 12 años de edad, camina de la mano de un policía. Sus papás no aparecieron en el sitio, por lo que se la llevan a una patrulla tras ser rescatada en un operativo nocturno en la llamada vía 40, el sector de San José del Guaviare en el que se concentraría, a la vista de todo el mundo, la explotación sexual a niñas y adolescentes nukak y jiw.

Foto portada: Vía 40 en San José del Guaviare, tomada del Tiempo

El rescate se da en un callejón con salida al río a eso de las 7:45 de la noche, cuando los pasos de la menor de edad van a la par de los del uniformado.

 

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Al subir al carro para ser trasladada a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Angie se encuentra con otros dos niños. Cierran la puerta, y es en ese instante cuando una comerciante del sector interviene para abogar con el fin de que no se los lleven, argumentando que ellos solo se dedican a vender comida. Y de todas formas —recalca— a los tres días volverán a la misma zona.

Los menores hacen parte del grupo de indígenas nukak y jiw que vive en asentamientos cercanos al casco urbano de la capital del Guaviare, la cual en las últimas semanas pasó a ser noticia porque tres años después volvieron a salir a flote denuncias por presuntos abusos a niñas y adolescentes, en especial en la vía 40, donde se ven menores desde los ocho años sentadas en andenes hasta altas horas de la noche. A veces, en compañía de sus mamás.

Las denuncias por esos hechos no han parado en todo este tiempo, y corren en el voz a voz cotidiano de vecinos, turistas y lideresas sociales, quienes advierten que los jóvenes también están expuestos al consumo de licor y sustancias como el bóxer y la marihuana.

 

Niña indígena rescatada en San José del Guaviare. Foto: Néstor Gómez/El Tiempo

 

La problemática que se vive en la zona volvió a quedar en el ojo del huracán luego de una denuncia de un medio internacional sobre el supuesto abuso de una menor de edad por un grupo de uniformados colombianos, y uno de Estados Unidos. Y aunque el caso puntual del extranjero fue descartado por la Fiscalía General de la Nación, se prendieron las alertas por otras denuncias que el ente acusador ya investiga.

La situación también llevó a que desde el nivel nacional, durante la última semana, comisiones de diferentes entidades como la Procuraduría General de la Nación, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía viajaran a buscar soluciones de corto y mediano plazo que, líderes de la zona, anhelan que esta vez sí tengan efecto.

En cuanto a casos de violación, los cultivos ilícitos, la presencia de algunos colonos en el Reguardo Nukak han desplazado a algunas de esas comunidades, que son las dueñas de ese territorio.

Y es que los nukak, pueblo nómada que empezó a ser documentado en 1989, y que actualmente oscila en una población de 1.000 integrantes que habitan el Guaviare, desde tiempo atrás vienen con un problema de raíz, el del acceso a la tierra a la que pertenecen: el verde y cada vez más deforestado Resguardo Nukak.

El difícil panorama lo advierten varias personas, entre ellas el gobernador del departamento, Heydeer Palacio. En diálogo con EL TIEMPO, el mandatario aseguró que para hablar de supuestos abusos sexuales a niñas nukak, en efecto hay que remitirse al desplazamiento forzado del que han sido víctimas, el cual les ha llevado a movilizarse y vivir este tipo de problemáticas.

“En cuanto a los casos de violación, desafortunadamente, los cultivos ilícitos, la presencia de algunos colonos en el Parque Nukak Makú y en el Reguardo Nukak han desplazado a algunas de esas comunidades, que son las dueñas de ese territorio. Ellos tienen adjudicadas 632.000 hectáreas donde vivir, pero la deforestación ha acabado con sus semillas, y el blanco los ha desplazado con sus cultivos de coca, así como las disidencias de las Farc, el principal problema que tenemos en el departamento”, comentó Palacio.

En la zona no es un secreto lo que pasa con los niños indígenas, y tampoco que al lugar llegan personas de otras regiones del país atraídos por esa situación, quienes se aprovecharían de ellas a cambio de plata y hasta comida.

Las denuncias

Las palabras del gobernador hacen parte del mar de alegatos que el miércoles pasado formó cada entidad local y regional en una reunión convocada por la Procuraduría, la cual envió, por orden de la jefa del organismo de investigación disciplinaria, Margarita Cabello, a una comisión especial de un asesor y dos procuradores a verificar la situación y recibir respuesta de los mandatarios.

 

Jefferson Mena, asesor especial de la Procuraduría, atiende a indígena en el Guaviare. Foto: Néstor Gómez/El Tiempo

Cuando Palacio tuvo su turno explicó que no hay que pasar por alto que los señalamientos por explotación sexual a menores son una realidad no solamente del Guaviare, sino de todo el país.

Pero en esa tierra el foco está puesto porque, según el Gobierno Nacional, en los últimos cuatro años se reportaron al ICBF 587 casos de supuesto abuso sexual contra niñas y adolescentes, los cuales serán cotejados con las bases de datos de la Fiscalía para la respectiva judicialización.

Los números alarman a las autoridades, tanto así que entre los integrantes de la comisión del Ministerio Público no hubo quien no lamentara la situación. Sin embargo, de acuerdo con una investigadora de la región que prefiere no dar su nombre, hay que tener en cuenta que la mayoría de indígenas nukak no viven en la zona urbana de San José del Guaviare.

Eso, según ella, invita a entender las distintas dinámicas de esta etnia, y a quitarse de encima términos usados en medios como que todos están al borde del exterminio. No por eso deja de considerar una “miserableza” lo denunciado en los últimos años.

Lo más grave, es que en la zona es conocido que muchos de los casos de prostitución de menores de edad estarían avalados por sus padres o cuidadores, que se terminan lucrando con los cuerpos de los más pequeños.

En medio de esta situación, Dalmiro Heras, comandante de la Policía en el departamento, cuenta que el año pasado alcanzó a trasladar al hospital y al ICBF a 68 menores de edad víctimas de presuntos abusos de toda índole en la vía 40. La cifra puede ser mayor, porque ante cada alerta de que la policía ronda por la famosa vía con forma de ‘L’, cada quien busca la manera de no dejarse atrapar.

Saltos al río

Son las 7:30 de la noche del martes 17 de enero, antes del rescate de Angie, y ante la entrada de varios funcionarios públicos al sector, en medio de la música a todo volumen suenan un par de silbidos y luego se ve a seis jóvenes paradas en la calle que deciden entrarse rápido, en fila, a una casa.

Ya con los funcionarios enviados en comisión y algunos policías en la vía, las miradas de los vecinos se concentran en el recorrido de ellos, que termina en unas escalas que, si se bajan, dan a unas lanchas sobre el río Guaviare. Al agua van a parar los niños y niñas que les huyen a los policías.

Niños indígenas se tiran al río Guaviare para huir de la Policía. Foto:  Pantallazo tomado de video

 

De hecho, el uniformado que acompaña en la patrulla a Angie, después de abrirle la puerta cuenta que es común que para evadirlos, los menores opten por lanzarse al ancho río y nadar hasta el otro lado, cerrando así las posibilidades de los agentes de dar con ellos. La comerciante que aboga por Angie lo confirma.

Los saltos al agua están grabados en videos que se comparten día a día en San José del Guaviare. Incluso, el agente tiene dos recientemente guardados en el celular, y los muestra a quienes lo acompañan.

De eso también conoce muy bien Mónica, del asentamiento nukak Agua Bonita, ubicado a no más de 30 minutos en carro desde el casco urbano. Ella comenta que tanto jóvenes como adultos a veces sienten miedo de que los menores vayan a parar a manos del ICBF, puesto que entran en un proceso de restablecimiento de derechos que puede terminar con la adoptabilidad, con la que los menores terminan siendo alejados de sus comunidades.

Jefferson Mena, el asesor en asuntos étnicos del Ministerio Público que viajó a San José del Guaviare, soltó una frase que no caló bien en los oídos del alcalde, con la que advierte que si se ha hecho algo por la niñez del municipio, “ha fracasado cualquier tipo de estrategia. Después de tres años de gobierno, presentar resultados tan escasos lleva a una reflexión de lo que se tiene que hacer de ahora en adelante”, afirmó en la reunión del miércoles pasado.

Las visitas

Durante el recorrido de la comisión por el municipio, donde, además de la pobreza que las comunidades indígenas enfrentan, siempre se ha sentido la presión de la guerra por la presencia de las Farc y ahora de las disidencias, todos los funcionarios sacaron a relucir resultados de sus gestiones, se anticiparon a que puede haber fallas, y fueron descargando responsabilidades y pedidos en distintos ministerios, que precisamente no estaban presentes.

Tampoco estuvieron voceros de los protagonistas de la convocatoria: los nukak y jiw, las dos etnias con mayor presencia en el casco urbano de San José, y cuyas dificultades que afrontan han llegado a preocupar hasta al presidente Gustavo Petro, quien se ha pronunciado pidiendo celeridad en las investigaciones.

Vía 40 en San José del Guaviare. Foto: Néstor Gómez/El Tiempo

 

Entre las conclusiones de la reunión, Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, destacó que la situación ya está sobrediagnosticada, y que, si no se hacen “intervenciones de fondo y urgentes, definitivamente no va a haber soluciones para estas comunidades”.

Mientras que, para la mencionada investigadora de la zona, esto no puede quedar en nuevos paños de agua tibia, por lo que los esfuerzos deben concentrarse en garantizarles a los nukak el derecho a volver al territorio del que vienen, con periodos de transición acordados, en lugar de intentar acomodarlos a las costumbres del resto de población.

A esa crítica se suma Sandra Alfonso, lideresa del Guaviare que cree que los gobiernos en todos los niveles se focalizan en las problemáticas que los nukak causan, mas no en el porqué de eso: “Creen que con darles unas hectáreas sobra y basta. Fuera de eso les dan comida, pero ellos no están enseñados a pitar unos fríjoles. Es imponerles cosas”.

»Creen que con darles unas hectáreas sobra y basta. Fuera de eso les dan comida, pero ellos no están enseñados a pitar unos fríjoles. Es imponerles cosas».

A esa situación, la investigadora la llama querer acomodar a los indígenas a lo que las autoridades, que van desde Bogotá, les parece lo correcto, sin pensar de lleno en las dinámicas que mueven a un pueblo nómada.

Por eso, ante la cantidad de peticiones y voces que aparecieron en las distintas visitas del Gobierno y órganos de control —de las que Sandra Alfonso resalta que no se dieron en todos los asentamientos, sino en unos pocos—, los mandatarios regionales como el alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara; y el gobernador Heydeer Palacio, solicitaron mayor cooperación, pues a veces las largas distancias entre veredas y las mismas normativas no les permiten una plena atención a todas las comunidades.

Ante el paradero de Angie y los dos niños rescatados por la Policía, Joaquín Mendieta, director regional del ICBF, no quiso pronunciarse, pero contó que a todo menor que reciben se le garantizan sus derechos. Dicho funcionario tiene encima una investigación disciplinaria porque al parecer no salvaguardó a tiempo a niñas indígenas que habrían sido abusadas por militares del Ejército. La declaración de Mendieta ante la Procuraduría está programada para mañana.

(*A Angie se le cambió su identidad por ser menor de edad).

Fuente: El Tiempo