Contraloría General del Quindío no tiene discrepancia ni contradicción alguna con actuaciones de la Procuraduría en la investigación que se adelanta al alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero
Foto portada: tomada de El Tiempo.Com
La Contraloría General del Quindío liderada por Luis Fernando Márquez Álzate, se permite comunicar a toda la opinión pública que, , es necesario aclarar que en cumplimiento del Artículo 43 de la ley 80 de 1993, las contralorías deben pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo y sobre la pertinencia de los contratos que se celebren con ocasión de la urgencia manifiesta.
Por tal razón, en cumplimiento de esta función legal, la Contraloría General del Quindío se pronunció recientemente, estableciendo que efectivamente algunos de estos contratos tales como los de kits de mercados, artículos de aseo, raciones alimenticias, etc. son pertinentes y por lo tanto cumplen con el objeto de minimizar el impacto generado por el COVID-19.
Es importante aclarar que una cosa es que las celebraciones de estos contratos cumplan con el objeto de la urgencia manifiesta y otra cosa muy diferente es que estos contratos en sus etapas pre contractuales y postcontratuales hubiesen cumplido con las condiciones legales para su celebración , por lo tanto, no tiene nada que ver el pronunciamiento de la semana antepasada, en la cual nos manifestamos sobre la legalidad de la Urgencia Manifiesta, con una supuesta contradicción de este ente de control fiscal con la Procuraduría.
Respecto al contrato que aparece publicado en el secop con el número 007 por trescientos noventa y seis (396) millones de pesos, es un contrato que obviamente ya tiene un pronunciamiento tanto por parte de la Contraloría General del Quindío, como de la Procuraduría y además en este momento es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo es importante mencionar que desde la Comisión Regional de Moralización del Quindío, este órgano de control fiscal, así como la Contraloría Municipal, la Personería, la Auditoría General de la República y el Consejo Seccional de la Judicatura, se encuentran trabajando coordinadamente, tanto con la Procuraduría como con la Fiscalía y por lo tanto no tenemos ninguna discrepancia ni contradicción al respecto.
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