Agentes del CTI, adscritos a la Dirección Especializada Contra la Corrupción o Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, en los últimos días han venido visitando varias alcaldías del departamento del Quindío.
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A los investigadores les ha llamado poderosamente la atención que, en varios municipios del País, todo lo que tiene que ver con obras (parques, canchas sintéticas etc, etc) construidas con dineros aportados por el Ministerio del Interior a través del proyecto ‘Sacúdete al Parque’ y/o obras construidas con dineros aportados por el SGP (Regalías), han avanzado y culminado de manera vertiginosa.
Igualmente ha inquietado al ente investigador, lo que ha sucedido con los empréstitos aprobados fácilmente por algunos concejos municipales, para reparación, construcción de vías, reparación de acueductos, alcantarillados etc, etc, pues, curioso resulta que, alcaldes con estos dineros han logrado obtener del Estado (Regalías) grandes sumas para construir obras, de las cuales algunas están en el ojo del huracán, por la presunta vinculación con la ‘Red de las Marionetas’, del exsenador Mario Castaño Pérez.
Periodismo Investigativo conoció que, uno de los alcaldes del País, por ahora apenas investigado, obtuvo con estas obras, ‘ grandes ganancias ocasionales’, que le permitió presuntamente, pagar abogados para librarse de otros encartes judiciales diferentes y hasta le habría quedado dinero para darse otros lujitos.
Nuestra Unidad Investigativa también conoció que otras investigaciones de la Fiscalía se habrían presuntamente priorizado hacia los municipios de Pijao, La Tebaida y Quimbaya, Quindío.
La Procuraduría investiga al alcalde de Quimbaya, Quindío, Abelardo Castaño Marín, al exgerente de Proyecta Pablo Cesar Herrera Correa y a Julián Alberto Peláez Román, en su calidad de secretario de infraestructura de Quimbaya, por existir posibles irregularidades en la actividad contractual en lo que tiene que ver con el deber de selección objetiva en la contratación estatal y la posible ausencia de capacidad para ejecutar el objeto contractual