En medio del escándalo que afronta el fiscal general, surgen interrogantes por la forma en que se han investigado los contratos ficticios usados para pagar millonarias coimas a políticos e intermediarios. SEMANA contrastó versiones sobre las empresas enredadas. Multimedia con documentos.
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Para pagar sobornos, el Consorcio Ruta del Sol II y la Constructora Consol crearon una telaraña de contratos ficticios que hacen parte de una de las mayores tramas de corrupción de las que haya memoria. En las grabaciones que dejó Jorge Enrique Pizano le cuenta al entonces abogado Néstor Humberto Martínez cómo operaban esos negocios sacuden al país. La próxima semana el Congreso realizará un debate sobre las coimas con que Odebrecht (principal accionista de Ruta Sol) movió sus negocios. La Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc. Y Néstor Humberto Martínez recibe críticas como nunca por no haberse declarado impedido a tiempo sabiendo el intríngulis del escándalo desde antes de asumir como fiscal general.
El lúgubre panorama se desató por la revelación de que Jorge Enrique Pizano –el controller del Consorcio– compartió sus hallazgos en 2015 con uno de los asesores jurídicos del Grupo Aval, Martínez Neira. El conglomerado, por medio de Episol, una sociedad filial de Corficolombiana, era socio minoritario del proyecto con el 33 por ciento.
SEMANA reconstruyó las declaraciones de cada testigo relevante en el caso. El comparativo permite establecer qué dijo cada quien, en qué momento y con qué efectos sobre las investigaciones penales.
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Este lunes, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informa de los procesos que están en curso alrededor de una decena de contratos ficticios que sumarían hallazgos por 65.000 millones de pesos en coimas. Según el organismo, un primer paquete se destapó en junio del 2017 por cuenta de las declaraciones de Otto Bula y el siguiente comenzó a trabajarse en julio, luego de que se realizara una inspección a las instalaciones de la Constructora Consol en el sector de Lizama (Santander).
Contratos chimbos
“Es la fábrica de los contratos falsos, de la porquería más grande. Es que, como le decía a Néstor Humberto Martínez, es como concéntrese: dígame un número, 4 y 23, ¡pum! Dígame otro: ¡pum! Es que son todos los días” , Jorge Enrique Pizano en conversación con Alberto Mariño.
La cifra actualizada de la Fiscalía es al parecer superior a la que terminó plasmada en un contrato de transacción, proyectado por Martínez Neira, el 11 de marzo del 2016. La elaboración de este documento, que fue bautizado periodísticamente por María Jimena Duzán como “El Pacto de Silencio”, ocurrió cuando “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”, dijo el fiscal Martínez Neira a la Corte Suprema.
El polémico acuerdo de transacción fue motivado por el malestar alrededor de un conjunto de contratos sin fundamento. El grupo colombiano inició una reclamación a la firma brasilera. Las partes convinieron, a través de ese documento, reembolsar al consorcio la suma de 33.081 millones de pesos.
Pizano consideraba que esa cifra era mucho menor del desfalco. “Si el monto de los contratos falsos que yo detecté fue de 55.000 millones, dónde están los otros 20?, ¿Sobre esa suma acaso sí hubo acuerdo?”, le escribió a María Jimena Duzán.
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El Grupo Aval ha explicado que la diferencia de esos 20 mil millones se debe a que en ese momento solo se probaron irregularidades por 33 mil y que fue tiempo después que se conoció todo lo demás.
El ‘controller’ aseguraba que le entregó en enero de este año al Tribunal de Arbitramento la relación de esos contratos que proyectaban compromisos por 70.000 millones de pesos. “He informado a la Fiscalía General de la Nación de aquellos informes que me ha solicitado cuando fui citado el año pasado en mayo, por la fiscal 80 de anticorrupción Amparo (Cerón)”, aseguró ante los árbitros el testigo fallecido.
Los documentos aportados por Pizano tienen fecha de corte 7 de octubre del 2015, es decir, por lo menos dos meses después de haberse dado la reunión entre el abogado Martínez Neira y Pizano, encuentro grabado subrepticiamente por este y que es la nuez del escándalo actual.
Pizano agregaba que la Fiscalía tenía esa información desde mayo de 2017. Es decir, antes de que declarara Otto Bula, Federico Gaviria, o que los expresidentes Uribe y Pastrana emitieran un comunicado poniendo el dedo en la llaga sobre casos en los que la justicia no había ahondado.
La Fiscalía, por su parte, aseguró este lunes que las alertas de Pizano daban cuenta –para agosto del 2015–de solo 22.000 millones de pesos. “No obstante, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podrían llegar a sesenta y cinco mil millones de pesos”, agregó la entidad.
Fuente: Semana
