Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia (Quindío), la Fiscalía formuló cargos contra Diana Marcela Rodríguez Herrera, exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura).
La exfuncionaria es señalada como presunta responsable de incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo.
Rodríguez Herrera, al parecer, suscribió tres contratos de prestación de servicios profesionales con entidades sin ánimo de lucro en el 2020 por un valor total de 68 millones de pesos, monto este que fue fraccionado en los referidos contratos así:
Dichos contratos tenían por objeto apoyar la realización de un festival de artes, danzas y música bajo el marco del Decreto Presidencial 457 de 2020, en virtud del cual se impartieron instrucciones por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.
Al tramitar y celebrarse los mismos, presuntamente, se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva y de planeación, así como de moralidad e imparcialidad.
La procesada como representante legal de la entidad, supuestamente, no acogió las disposiciones legales contenidas en el Decreto 092 de 2017 que reglamenta la modalidad de contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante un proceso competitivo y no de contratación directa.
Presuntamente, la implicada no realizó en los estudios previos que se requieren para evaluar los precios determinados en el mercado, omitiendo los estudios de conveniencia que evidenciarían la viabilidad del éxito del proyecto y justificarían una necesidad motivada para su ejecución, contratando actividades que no fueron estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia causada por la pandemia COVID- 19.
La exfuncionaria no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Esta imputación contribuye a la mitigación de los fenómenos de corrupción que afectan el patrimonio económico y se da en el marco de la estrategia trazada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.