Gracias a la gestión de la Procuraduría General de la Nación, adelantada a partir de fallos de tutela e incidentes de desacato, se logró que las autoridades del Quindío comprometieran 2.500 millones de pesos para garantizar la ubicación en condiciones dignas de las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata.
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