En el auto proferido por la Corporación Judicial se indica que la decisión se tomó a raíz de una denuncia presentada en 2013 por los ciudadanos Ricardo Cifuentes Salamanca y Eduardo Carmelo Padilla Hernández, “quienes obran en representación de la ONG «Corporación Foro Ciudadano», a través de escrito de fecha 11 de octubre de 2013, contra de miembros del Congreso de la República, la cual fue ampliada el 6 de noviembre del mismo año”.
La decisión cobija a los Senadores Roy Barreras, Teresita García, Juán Manuel Galán, Mauricio Lizcano, Musa Besaile, Martín Morales Díz y a los exsenadores Javier Cáceres, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera actual Ministro del Interior entre otros.
El Alto Tribunal investigará tres hechos concretamente: (i) Los «cupos indicativos», los cuales, en criterio de los quejosos, reviven los desaparecidos «auxilios parlamentarios»; (ii) La entrega de cargos públicos a familiares y amigos de los parlamentarios; y (iii) La adjudicación de contratación estatal prevista en el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-, dentro del cual se tenía proyectado la realización de unas obras públicas de desarrollo social en todo el territorio nacional en época de campaña electoral – 2013-2014-.
Cifuentes indicó que “esto es un delito, eso se llama colusión. Está prohibido en el Código Penal. Hay una independencia de las ramas del poder público y los señores congresistas no tienen que votar a cambio de nada, sino a cambio de representar a los electores que los elegimos y no sus intereses particulares, o los puestos que recibieron del Gobierno”.
Fuente: Vanesa Peralta – La Noticia