En la acusación contra Ciro Ramírez, el alto tribunal tuvo en cuenta fotos, chats, oficios y 55 testimonios y lo acusa, supuestamente de direccionar irregularmente un contrato por $ 48.660 millones.
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“no obtuvo réditos, ni políticos ni económicos, por el actuar de la empresa criminal que presuntamente organizó y dirigió; situación que contrasta, a su juicio, con la del entonces gobernador del Quindío, quien derivó beneficios políticos de la celebración del convenio 670”.
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