La Procuraduría General citó a audiencia pública virtual a la secretaria Administrativa de la Gobernación de Quindío, Sandra Milena Manrique Solarte, y a las supervisoras del contrato No. 003 de 2020, Eleana Andrea Caicedo Arias, y a la profesional universitaria de la Secretaría de Salud, Liliana Vélez Botero, por presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad para enfrentar el covid-19, por $800 millones de pesos.
A la secretaria Administrativa se le reprochó por consignar en los estudios del sector y en la minuta contractual, dentro del negocio jurídico No.003 de 2020, datos supuestamente contradictorios e imprecisos de los bienes a suministrar a través del acuerdo de voluntades, con lo que habría desconocido el principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, en concordancia con el de eficiencia en desarrollo de la función administrativa.
El órgano de control advirtió una presunta irregularidad al incluir en el contrato de suministro bienes que no fueron objeto de cotización por parte del proveedor, ocasionando con ello que se desconozca el precio (valor unitario) que pactaron sobre elementos como el gel antibacterial, el alcohol antiséptico 70%, el tarro de glicerina, y el alcohol glicerinado, lo que conllevaría a un deficiente estudio del sector como documento base para la celebración del contrato.
En un segundo cargo, la Procuraduría cuestionó a Manrique Solarte por suscribir los estudios del sector y al parecer omitir realizar la consulta de precios del mercado, lo que habría derivado en la adquisición de elementos de bioseguridad con aparentes sobrecostos.
A las supervisoras del contrato se les reprochó por presuntamente incumplir el deber de realizar la vigilancia y control eficiente a la ejecución del negocio jurídico.
La Procuraduría calificó la presunta falta de las supervisoras investigadas como grave a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, y como gravísimas a título de culpa grave para la secretaria Administrativa.
Estos casos hacen parte del programa ´Transparencia por la emergencia´, liderado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que investiga presuntos desvíos y sobrecostos en la adquisición de ayudas humanitarias para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
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