Judicializadas dos personas que habrían sido beneficiadas irregularmente con contratos por 25.436 millones de pesos, los elementos de prueba indican que los procesos contractuales habrían sido direccionados por una organización delictiva de la que harían parte dos senadores, un exfuncionario del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y el ex Gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío.
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