Al parecer habrían exigido dinero para interceder en un proceso de lavado de activos y extinción de dominio
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Las acciones investigativas definidas por la Fiscalía General de la Nación para actuar contra la corrupción también buscan garantizar transparencia y legalidad en el desempeño de los funcionarios de la entidad. En ese sentido, fue obtenido material de prueba contra dos servidores señalados de cobrar dádivas para interceder en diferentes actuaciones judiciales.
Se trata de un fiscal especializado y un investigador del CTI, adscritos a la Seccional Santander, capturados en situación de flagrancia. Al parecer, acababan de recibir $110’000.000 que habrían exigido para favorecer a un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.
“Sabemos que, en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de estas actividades y vamos por ellos”, precisó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Periodismo Investigativo conoció a través de Vanguardia, que se trata y según el reporte de las autoridades, de Javier Alberto Rodríguez Rosales, Fiscal Especializado de la Seccional Santander, y Jairo Enrique Pulido Pascagaza, técnico investigador adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación de Derechos Humanos.
Los dos funcionarios, supuestamente, conseguían información de personas investigadas por diferentes conductas ilícitas en Bucaramanga y las contactaban con el fin de ofrecerles aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero.
Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará el delito de concusión.
“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas. La Fiscalía no cesará en su objetivo priorizado de combatir la corrupción en todos los frentes.”, concluyó el Fiscal General