Desde 2013 la Fiscalía ha sido condenada en 6.249 casos, equivalente al 84 % de total de condenas.
Foto portad: tomada de wikipedia
El fiscal general Francisco Barbosa insistió a sus funcionarios que deben tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad.
En 2018 y 2019 la Fiscalía le imputó cargos a 301.523 personas y solicitó medida de aseguramiento para el 45 % de ellas, este es uno de los datos que se incluyó en la directiva expedida por el Fiscal que busca que sus funcionarios pidan menos cárcel para investigados.
La directriz tiene como finalidad evitar el aumento del hacinamiento carcelario, que hoy supera el 38 % y, además evitar el riesgo de posteriores demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad cuyas pretensiones para abril de este año sumaban 37.9 billones de pesos, una cifra cercana a la del presupuesto de salud para el 2020, que es de 31.8 billones.
Además, de acuerdo con la orden, el propósito es limitar las peticiones solo en los casos que sea estrictamente necesario privar de su libertad al investigado. Por eso, se relaciona cada una de las causales específicas y el momento para que proceda una solicitud de medida de aseguramiento privativa de la liberta
Según el documento, desde 2013, la Fiscalía ha sido condenada en 6.249 casos por privación injusta de la libertad y hasta el momento al Estado ha pagado 1.3 billones de pesos por causa de esas demandas, las cuales representan el 84 % de todas las condenas a esta Entidad.
“Debe existir suficiencia probatoria para la solicitud de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para evitar privaciones injustas que posteriormente puedan causar condenas por daño antijurídico al Estado y a la Fiscalía”, explica el Fiscal en el documento.
Y añade: “en todos los casos se debe preferir la libertad de la persona mientras se desarrolla el procedimiento, solo en casos excepcionales pueden aplicarse medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.
Sin embargo, según dicha directriz, lo anterior se tendrá en cuenta en delitos en los que no esté involucrado un menor de edad como víctima, de lo contrario se preferirá la privación de la libertad sobre las medidas alternativas.
Por último, el Fiscal insiste a sus funcionarios en la necesidad de tramitar “con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad”.
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