Inicio Corrupción Fiscalía delegada ante la Corte acusa a exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, por presuntas irregularidades en la donación de un bien a una asociación privada

Fiscalía delegada ante la Corte acusa a exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, por presuntas irregularidades en la donación de un bien a una asociación privada

Por Luis Eduardo Rendón Monroy
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Con estas actuaciones se habría ocasionado un detrimento patrimonial de 12.106 millones de pesos.

Foto portada: Exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, foto tomada de Comunicaciones FGN

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora de Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.

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La exmandataria es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar. En ese sentido, se materializó la entrega del terreno a la entidad privada con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Dichos documentos fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008.

El bien cedido, ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo.

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Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular sacó provecho del recinto y asumió su administración. Por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022.

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Producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos; así como la ausencia de estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, situación que presuntamente indujo en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.

Fuente: Comunicaciones FGN

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