Por incurrir presuntamente en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la estrategia Transparencia por la Emergencia, le imputó cargos a Gabriela Valencia Vásquez, exdirectora del Departamento de Bienes y Suministro de Armenia (Quindío), en audiencia virtual ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad.
El 24 de marzo de 2020, Valencia Vásquez habría suscrito, bajo la modalidad de urgencia manifiesta, el contrato 003 de 2020 con el establecimiento comercial Guitarra and Coffe SAS por un valor de $300’000.000, cuyo objeto era “el suministro de servicio logístico, operativo y asistencial para garantizar los servicios logísticos de restaurante que requiere el personal administrativo, fuerza pública, organismo de control o voluntariado que apoyan la gestión del municipio de Armenia para atender la emergencia del Covid- 19”.
Según la Fiscalía, dicho contrato al parecer se celebró violando los principios fundamentales de contratación, transgrediendo los principios de selección objetiva, necesidad y legalidad, pues la imputada supuestamente solicitó tres cotizaciones, entre esas a Guitarra and Coffe SAS. Entretanto, las otras dos empresas informaron que no podrían atender el requerimiento porque no tenían la capacidad que se solicitaba, que era de más de 500 platos.
Se evidenció que en las tres cotizaciones se habrían presentado algunas irregularidades, ya que parecían similares y solo se modificaban algunos datos. Incluso, las tres, tenían los mismos errores gramaticales y de ortografía. Además, el ente acusador conoció que se solicitaban almuerzos y cenas especiales.
Tras la imputación la exfuncionaria no aceptó los cargos.
Es de recordar que este 28 de julio, el ente acusador también le imputó cargos a Valencia Vásquez, y al suspendido alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, por supuestas irregularidades en otro contrato por $350’000.000, igualmente celebrado durante la emergencia sanitaria.
La Fiscalía no solicitó la medida de aseguramiento