La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción de suspensión por seis meses impuesta a la entonces alcaldesa de Calarcá, Quindío (2016-2019), Yenny Alexandra Trujillo Alzate; y a las exsecretarias de Asuntos Administrativos, y de Servicios Sociales y Salud, Diana Lucía Orozco Poveda y María Fernanda Arbeláez Valencia, y las absolvió de los cargos investigados.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Quindío precisó que no encontró prueba técnica que pueda demostrar con plena certeza y con la debida garantía del debido proceso, la existencia de sobrecostos en un contrato de transporte escolar.
La investigación se inició por la presunta participación de las implicadas en la etapa precontractual del proceso de Licitación Pública No. 01 de 2016, que dio origen al Contrato de Prestación de Servicios 137 de 2016, celebrado entre la alcaldía de Calarcá y la empresa Transportes Granada SCA, con el cual se habría podido afectar el patrimonio del municipio.
El Ministerio Público concluyó que no es posible entrar a declarar responsabilidad a las disciplinadas al no haberse materializado la falta endilgada.
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