No solamente tiene repercusiones legales sino políticas.
Foto portada: Expresidente Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de proceso en su contra, tomada de El Tiempo
En las últimas horas, EL TIEMPO reveló en primicia que el expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción del caso que se sigue en su contra por soborno a testigos y fraude procesal.
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En la práctica, esto significa que el caso contra el exmandatario, que se inició hace más de 12 años, ya no será archivado el próximo 16 de octubre, según los tiempos legales. Sin embargo, expertos le dijeron a EL TIEMPO que la decisión no solamente tiene repercusiones legales, sino, además, también políticas.
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Los dos tableros
Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe. Foto tomada de El Tiempo
El efecto inmediato es que el Tribunal Superior de Bogotá ya no tiene el plazo perentorio del 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.
En efecto, ese alto tribunal está estudiando la apelación que presentó la defensa del expresidente en manos de Jaime Granados y Jaime Lombana a la sentencia que profirió la juez Sandra Liliana Heredia, condenando a 12 años al exmandatario por soborno a testigos y fraude procesal.
El abogado Marlon Fernando Díaz Foto tomada de El Tiempo
Sin embargo, en este punto el penalista Francisco Bernate hace una precisión de fondo: “Para que tenga efecto la renuncia a la prescripción, primero se debe decretar la prescripción por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en caso de que se vayan a extender de esa fecha. Después, entrarían a estudiar la renuncia a dicha prescripción”.
Al respecto, el penalista Marlos Díaz explicó que, según el artículo 85 del Código Penal, al Tribunal se le extiende 2 años el plazo para la segunda instancia: “Y, necesariamente, el anuncio del expresidente va a tener efectos de cara a las elecciones del próximo año”.
Para la exfiscal Viviane Morales, el principal efecto de la solicitud del expresidente Uribe es que libera a los magistrados de tomar una decisión apresurada en un expediente tan largo.
“Esta renuncia le da a la justicia la tranquilidad de fallar en derecho conociendo, como el expresidente Uribe lo ha pedido, que se estudien todas las pruebas que se presentaron y que la juez no tuvo en cuenta”, aseguró la exfiscal Morales.
Y agregó: “Políticamente, es un hecho ejemplar y un testimonio para el país de grandeza, de lealtad con el sistema de justicia y para todos los detractores que decían que él había tratado de demorar el proceso para llegar a la prescripción, pues se caen esas afirmaciones malintencionadas, según las cuales su defensa procuró dilatar el proceso. Que incluso fue un argumento que la juez dio. Es la conducta que se espera de un líder de su dimensión histórica”.
Francisco Bernate es abogado y especialista en derecho penal. Foto tomada de El Tiempo
La defensa de Uribe ya logró mediante tutela que se cayera la detención domiciliaria que la juez Heredia ordenó.
Y ahora intentan demostrar que no se tuvieron en cuenta varias de las evidencias o que fueron valoradas de manera subjetiva que demuestran -en su criterio- que Uribe Vélez no fue el determinador de los delitos que se le imputaron.
Los efectos políticos
Fabio Humar Jaramillo, abogado. Foto tomada de El Tiempo
Pero adicional a la argumentación probatoria -que incluye la solicitud de valorar de nuevo evidencia que la defensa considera sin sustento- analistas coinciden en que la decisión tiene efectos políticos en pleno año preelectoral.
En efecto, aunque el proceso contra Uribe lo marginó inicialmente de la arena política, el exmandatario recobró su rol político de cara a las presidenciales.
No solo está participando de manera activa en la elección del candidato de su partido -Centro Democrático-, sino que además, está haciendo política de manera abierta y sin restricciones legales.
“Con la decisión, el expresidente está desarmando a los contradictores que decían que todos los recursos que han estado presentando -tutelas, apelaciones, recusaciones y demás- lo que buscaban era dilatar el proceso para lograr la prescripción. ¿Qué van a decir ahora?”, dijo el penalista Fabio Humar.
Y del equipo de defensa de Uribe Vélez agregaron que también es un mensaje de que están seguros de su inocencia.
Para el exfiscal general Mario Iguarán, el Código Penal colombiano permite al procesado renunciar a la prescripción de la acción penal, con el efecto de mantener vivo el caso para una decisión de fondo, pero dijo que el proceso aun así puede prescribir.
“Si pasan dos años desde el momento en que se habría consumado la prescripción sin fallo definitivo, el juez debe decretarla, de modo que la renuncia no vuelve imprescriptible la causa”, aseguró Iguarán.
Y agregó: “En el caso de Álvaro Uribe, el movimiento tiene claras consecuencias: busca asumir el riesgo que involucra la decisión de segunda instancia (que muy probablemente, en todo caso, se tomaría antes del acaecimiento de la prescripción), y al tiempo -y esto es quizás lo más relevante- gana terreno simbólico al desactivar la narrativa de “jugar al reloj” y proyectar disposición a litigar el fondo del asunto hasta el final, lo que sin duda es políticamente conveniente para consolidar apoyo mientras se resuelve la apelación”.
La reacción de Cepeda
Iván Cepeda, ahora precandidato presidencial. Foto tomada de El Tiempo
En declaraciones a la W Radio, el senador Iván Cepeda, alegada víctima del proceso contra Uribe Vélez, calificó como positiva la decisión que calificó como política y llamó a darle sus justas proporciones al tema y no a darle “teatralidad”.
También llamó a la defensa de Uribe a actuar lealmente y se preguntó si lo que quieren ahora es que no se tenga una decisión en segunda instancia tan pronto.
“Ni más faltaría que el expresidente Álvaro Uribe no hubiera hecho una operación de sumas y restas”, agregó el senador Cepeda quien ya confirmó que será precandidato presidencial del Pacto Histórico.
Para el penalista Miguel Ángel del Río, abogado Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella del caso, aseguró que la decisión del expresidente Uribe se tomó con cálculos políticos.
“La decisión de renunciar a la prescripción es un teatro, es un cálculo político y tiene como propósito evitar que esa decisión influya en las próximas elecciones de Senado y Cámara y en las presidenciales por una sola razón, no hay necesidad de renunciar a la prescripción, es decir, ya el proceso no va a prescribir, porque ya el Tribunal advirtió que antes del 16 de octubre se tiene una decisión de fondo con relación a la segunda instancia. No tiene ningún efecto práctico más allá del cálculo político”, aseguró Del Río.
De inmediato, el penalista Jaime Lombana salió a explicar que no es cierto que se busque dilatar la segunda instancia: “En derecho hay un término que es ‘plazo razonable’ y estamos seguros tanto de la inocencia del expresidente como del hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciará en derecho”.
Fuente: El Tiempo
