Ante el Juzgado Primero Promiscuo con función de control de garantías de Quimbaya (Quindío) fueron presentadas cinco personas que presuntamente integrarían la estructura delincuencial ‘Los Carreteros’, dedicada a la extorsión mediante falsos acarreos.
Foto portada: Maryoly Isabel Gaona Andrade y Martha Liliana Acosta Orozco
Los hoy judicializados, supuestamente, solicitaban servicio transporte para realizar acarreos desde zona veredal de Quimbaya (Quindío), y aduciendo ser supuestos integrantes de grupos armados al margen de la ley hacían exigencias económicas para no atentar contra la vida de los conductores.
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Siguiendo con las directrices del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el marco de la estrategia para contrarrestar fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, a través de un fiscal de la Estructura de Apoyo EDA de Armenia (Quindío) les imputó a los implicados el delito de extorsión agravada.
Dos de los implicados están privados de la libertad en cárceles de Puerto Berrio y Villahermosa, en razón a otras investigaciones.
Los implicados son:
Martha Liliana Acosta Orozco
Maryoly Isabel Gaona Andrade
Winston Felipe Bocanegra Gutiérrez
Reinel Franco Toro
Diego Fernando Varela Estrada
Todos los imputados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad así: Acosta y Gaona en sus lugares de residencia; los demás en centro penitenciario.
Así delinquían
Las capturas fueron realizadas por uniformados del Gaula de la Policía Nacional; el 20 de septiembre en el parque principal de San Carlos de Guaroa (Meta), y el 28 de septiembre en Cúcuta (Norte de Santander).
El material probatorio evidenció como las víctimas, al parecer, recibían llamadas telefónicas de un supuesto ingeniero que buscaba el servicio de acarreo para el sector de Piedras de Moler en la vía Quimbaya (Quindío) – Cartago (Valle del Cauca).
En el punto indicado las víctimas recibían nuevas llamadas en las que un hombre decía ser comandante jefe de las fuerzas paramilitares de Colombia, de la guerrilla del ELN o de las disidencias de la Farc, en seguida le aseguraron al conductor que iba a ser secuestrado y el vehículo afectado.
Según logró establecer la Fiscalía, los procesados realizarían exigencias económicas de 6 millones en adelante, so pena de atentar contra el c onductor o el vehículo. En las negociaciones en que se tranzaban las víctimas con los implicados se calcula que habrían recibido sumas cercanas a los 8 millones, al menos, por las 5 víctimas registradas.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
