Inicio Corrupción Este es el millonario negocio que montaron en un juzgado de Barranquilla un togado y su secretario para beneficiar a abogados con títulos judiciales

Este es el millonario negocio que montaron en un juzgado de Barranquilla un togado y su secretario para beneficiar a abogados con títulos judiciales

Por Luis Eduardo Rendón Monroy
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Habrían tramitado y cobrado irregularmente más de 2.500 títulos. El desvío asciende a más de 2 mil millones de pesos.

Foto portada: Los capturados por formar negocio con títulos judiciales en Barranquilla. Foto tomada de El Tiempo

Investigadores de la Fiscalía venían siguiéndole la pista a millonarios desembolsos de un juzgado de pequeñas causas en Barranquilla, por concepto de depósitos y obligaciones de los procesos adelantados en ese despacho.

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Pero cuando rastrearon las transacciones y se percataron de que los dineros habrían terminado en manos de dos abogados y un particular a través de títulos judiciales, se terminó destapando una red de hasta seis personas detrás de las presuntas maniobras fraudulentas, incluyendo al juez del despacho.

Las huellas digitales

Los jueces y abogados capturados en Barranquilla. Foto tomada de El Tiempo

Se trata de Rafael Eduardo Castillo González, juez primero de pequeñas causas de Barranquilla (Atlántico); y Dair Enrique Cuadro Crespo, exsecretario del juzgado, quienes fueron capturados y judicializados el pasado jueves 11 de septiembre en Barranquilla.

Y los abogados Breiner Leonardo Gómez Cuadro y Leonardo Rafael Fuentes González, además de Domingo Alberto Altamar Calle, como particular.

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Los ciudadanos no aceptaron cargos cuando un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación por su presunta participación en el trámite de los títulos judiciales.

Según la Fiscalía, el juez Castillo y su entonces secretario, Dair Cuadro, habrían autorizado el desembolso de hasta 2.000 millones de pesos entre 2016 y 2022, para beneficiar a los abogados Gómez Cuadro y Fuentes González, además de Altamar Calle como particular.

Según autoridades, los implicados tenían pleno conocimiento de que esos avales no cumplían los requisitos legales ni tenían vínculo con los casos asociados a los títulos judiciales.

Los investigadores llegaron a esa conclusión luego de constatar la información analizando las huellas digitales registradas en la documentación que soportaba los cobros.

Los procesos abandonados

Juzgados de Barranquilla. Foto tomada de El tiempo

Según el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción de la Dijín, la red se valía de procesos judiciales inactivos o abandonados para autorizar dichos pagos.

Incluso, explicaron que en varios casos los beneficiarios de la operación eran familiares y allegados del secretario de despacho.

Además, explican que se habrían emitido esos títulos judiciales sin que existiese una sentencia válida o una solicitud legítima.

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“El Juez Castillo González habría autorizado directamente los pagos, mientras que el exsecretario Cuadro Crespo facilitaba el acceso a los expedientes. Y los abogados actuaban como intermediarios presentando solicitudes falsas y gestionando los cobros, en donde entre los beneficiarios directos aparecería Altamar Calle”, le dijo una fuente judicial a este diario.

Jueces de Barranquilla. Foto tomada de El Tiempo

Para desentrañar esa operación criminal, las autoridades recolectaron firmas que coincidirían con las de los funcionarios y documentación que evidencia la presunta manipulación de expedientes.

EL TIEMPO accedió a una providencia del Consejo Superior de la Judicatura en que incluso mencionan la pérdida de un expediente, presuntamente por hurto, en la que se vieron involucrados el juez Castillo y su secretario.

EL TIEMPO investigó y estableció que en septiembre de 2022, la Juez Primera Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla, Marcia Viviana Bermúdez, quien ocupó el lugar del juez Castillo González, constató en un expediente que tras su llegada al despacho encontró miles de memoriales físicos en un cuarto de archivo, expedientes sin tramitar y más de 70 vigilancias administrativas contra el despacho.

“Una vez posesionada, pude validar la firma electrónica y el aplicativo TYBA y así poder acceder al correo institucional del despacho, encontrándome que en la bandeja de entrada del correo institucional del despacho se evidenciaban más de 18.000 correos de trámites pendientes por surtir. Asimismo se encontraron aproximadamente más de 6.000 memoriales físicos tirados en un cuarto de “archivo” sin anexar a los expedientes y sin tramitar, al igual que más de 70 vigilancias administrativas contra el Despacho, sin contar con los incidentes de desacato y tutelas en contra”, se lee en el expediente en poder de este diario.

Y agregó: “por lo que se solicitó tanto al Juez como al secretario de la época, rindieran un informe pormenorizado y actualizado del estado de los procesos, acciones constitucionales, incidentes de desacato y vigilancias administrativas el cual a la fecha no lo han rendido, razón por la cual me vi en la necesidad de solicitar al Consejo Seccional de la Judicatura el cierre extraordinario del Juzgado para hacer por lo menos, inicialmente, un inventario de procesos físicos y evacuar la bandeja de entrada del correo para poder ir resolviendo las múltiples solicitudes pendientes”, se lee en el documento.

Los jueces y abogados capturados en Barranquilla. Foto tomada de El Tiempo

Y se reseña más adelante que cuando Eduardo Castillo González fungía como juez Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla, en el año 2018, llegó a su despacho un proceso ejecutivo de pago de sumas de dinero.

El expediente original se habría perdido en el mismo año, presuntamente por hurto, cuando Castillo González y su secretario Cuadro Crespo estaban a cargo. En este proceso se pagaron un total de 9.796.700 de pesos en títulos judiciales al demandante.

Tanto el demandante como el demandado solicitaron la devolución del pago de títulos judiciales, sin embargo, al ser requeridos, les respondieron que esos depósitos estaban asociados a otro proceso y ya habían sido pagados a otra persona.

Por eso, la juez, quien tomó el caso en 2024, luego de que se hiciera una reconstrucción del expediente, ordenó que se compulsaran copias a la Fiscalía y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para investigar las presuntas irregularidades en el manejo del caso cuando estaba en el despacho de Castillo González.

Ahora, el exsecretario Cuadro Crespo, el abogado Gómez Cuadro y el particular Altamar Calle, permanecerán en centro carcelario, mientras que el abogado Fuentes González seguirá vinculado en el proceso y el juez Castillo estará privado de la libertad en su lugar de residencia. Además, se rastrea una propiedad del togado en Barranquilla.

Fuente: El Tiempo

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