Urrutia Ocoró, es señalada de contratar directamente, a través de un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios por valor superior a 4.950 millones de pesos.
Foto portada: María Isabel Urrutia Ocoró. Tomada de SEMANA
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló la acusación contra la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.
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La investigación da cuenta de que, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo, la entonces jefe de la cartera contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.
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Asimismo, las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa. De igual manera, fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.
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Adicionalmente, se conoció que Urrutia Ocoró desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio que alertaban de los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual. Pese a ello, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.
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También quedaron al descubierto falsedades en documentos públicos con vocación probatoria. En los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad.
Fuente: FGN
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