La quindiana Piedad Correal Rubiano, en calidad de Representante a la Cámara por el Partido Liberal, expresó su opinión frente a la reforma a la Salud: ‘’Presidente, mi constancia es muy corta, yo igualmente como integrante del Partido Liberal dejo mi constancia que voté NO a la reforma, porque aquí no se está construyendo sobre lo construido, sino, destruyendo lo que se construyó durante más de treinta años’’
Foto portada: Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal Rubiano
Razones de Correal Rubiano para votar negativa la reforma a la salud:
- Elimina la función de aseguramiento: aunque se hace llamar un sistema de aseguramiento social, la reforma suprime la prima de seguro, UPC, las aseguradoras y las posibilidades de un plan de beneficios explícito, por lo que no hay manera de gestionar el riesgo entre sanos y enfermos como lo hace un seguro de salud. Adicionalmente aparta al usuario del centro de las decisiones financieras del sistema, dejándolo en un rol pasivo.
En vez de fortalecer las capacidades de aseguramiento las aniquila. El resultado lógico es que no se cuente con una cifra exacta y actualizada del costo del nuevo sistema de salud, según el ausente concepto de impacto fiscal solicitado al Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, reemplaza el modelo de financiación y gestión de riesgo con pagos directos por servicios a la oferta, según un Tarifario Único a definir. Los pagos directos a la oferta ya se han comprobado ineficaces en garantía de la prestación de servicios al paciente en el pasado tal y como se evidencio en aquellos tiempos con el Seguro Social.
- Configura un ADRES macrocefálico que deberá efectuar TODOS los pagos directos por servicios de salud a las prestadoras y todos los pagos relacionados con el funcionamiento del sistema (CAPS, SOAT, riesgos laborales, incapacidades) sin demostrar capacidades técnicas para hacerlos de manera ágil y con criterios de transparencia definidos.
- Mayor riesgo de corrupción: La concentración del gasto en un solo actor aumenta la posibilidad de corrupción y errores administrativos, sin contar con los controles adecuados para la ejecución de los recursos públicos, lo que va generar lobby de las IPS e ISE para el pago de los servicios prestados, es decir, un posible nuevo foco de corrupción.
- Se crea una triangulación de contratación entre las Gestoras de Salud y Vida, las Direcciones Territoriales de Salud para la contratación de servicios de mediana y alta complejidad con las IPS e ISE. Complica y politiza el proceso que hoy las EPS e IPS realizan de manera directa.
- Se elimina la libre elección como derecho fundamental del usuario, Es decir, se tramitó una reforma como ley ordinaria modificando un derecho fundamental de los usuarios y coartando la libre elección que tanto ha defendido la Corte Constitucional y que hace parte de la Ley Estatutaria en Salud actual.
- Dificultades en el acceso a los servicios: Al eliminar la función de las EPS, la responsabilidad de la atención se dispersa entre múltiples agentes estatales, generando confusión y posibles retrasos en la atención de los pacientes.
- Falta de aval fiscal: No se ha determinado con claridad cómo se financiarán los cambios propuestos, lo que podría llevar a una desfinanciación estructural del sistema de salud.
- Incumplimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, a los Autos de la Corte Constitucional, puesto que no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los Presupuestos Máximos de la vigencia del año 2022 -por valor de $819 mil millones, a pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) del 26 de diciembre de 2023 autorizó que estos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos, informó que lo hará en cuotas mensuales.
Adicionalmente El Gobierno solo creó mediante Resolución 370 de 28 febrero de 2025, la mesa de trabajo de carácter participativo para actualizar la UPC durante el trámite de la reforma a la salud, a pesar de lo ordenado por la Corte Constitucional, no se ha realizado la primera reunión y se desconoce las conclusiones a las que pudieron haber llegado, lo que configura a la fecha desfinanciación del Sistema de Salud.
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