La Procuraduría General de la Nación ante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia del COVID-19, vigilará que se cumplan los principios de transparencia y legalidad de toda la contratación directa necesaria para la contención de la propagación del virus.
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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó desplegar acciones preventivas en todo el país para vigilar que las entidades de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todas aquellas que contraten el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para la atención de la población afectada, lo hagan de la manera inmediata, oportuna y transparente.
También habrá monitoreo y vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos destinados a atender y contener los efectos del COVID-19, para evitar posibles actos de corrupción de funcionarios y o particulares, incluyendo a proveedores del mercado.
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La Procuraduría dará especial apoyo a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF -, que atiende a 1.750.000 niños y niñas de Primera Infancia en el país, para detectar estructuras inescrupulosas de operadores y prestadores servicios, que ante la emergencia pretendan manipular la información y aprovecharse de la necesidad de la niñez colombiana.
Fuente y texto: PGN
