La Fiscalía tiene en la mira a algunos empleados porque al parecer vendieron los videos a terceros a cambio de una millonaria suma.
Foto: Gustavo Torrijos – El Espectador
En la mira de la Fiscalía General de la Nación se encuentra ahora la empresa de vigilancia del edificio Equus 66, ubicada en Chapinero, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la menor Yuliana Samboní.
Hace 10 días el ente acusador abrió una investigación a los miembros de la Policía Judicial entre detectives de la Sijin y del CTI por la filtración de videos a los medios de comunicación, que estaban bajo custodia de la Fiscalía y son pieza clave para reconstruir los hechos del pasado 4 de diciembre cuando Yuliana fue abusada y posteriormente asesinada por el confeso asesino Rafael Uribe Noguera.
A esta investigación se suma ahora el proceso a algunos empleados de la empresa encargada de la seguridad del Equus 66 porque supuestamente habrían vendido las grabaciones de las cámaras de seguridad a terceros a cambio de más de $10 millones.
Además de torpedear la investigación, el ente acusador considera que la divulgación de estos videos revictimiza aún más a la pequeña pues carecen de cualquier tipo de tratamiento judicial y se hace aún más grave “cuando la víctima es un menor de edad que es sujeto de especial protección por la Constitución y la ley”.
El ente investigador calificó como ‘deplorable’ que las evidencias científicas, pormenores y demás material probatorio se hayan hecho públicas.
En el esclarecimiento de este caso, el trabajo del Instituto de Medicina Legal ha sido clave. Desde el día que recibieron el cadáver de la niña, un equipo especializado se concentró en la inspección. Luego de determinar que a la menor la ahogaron y que fue víctima de abuso sexual, se reveló una prueba contundente.
“Terminados los análisis de laboratorio, así como las pruebas biológicas y genéticas, se puede decir, sin ninguna duda y con la mayor certeza científica, que hay material biológico que vincula a Uribe Noguera en la muerte y abuso sexual a la menor”, dijo el director de la entidad Carlos Valdés. Aclaró, eso sí, que por ahora el material analizado no involucra a otra persona.
Actualmente Rafael Uribe Noguera permanece preso en la cárcel La Picota de Bogotá a la espera de una condena en su contra luego de que le fuera negada la solicitud de libertad por supuestas irregularidades al momento de la detención.
Fuente: El Espectador.com