Reportes oficiales muestran que parte de los recursos usados en la consulta del Pacto provino de préstamos de firmas sin actividad económica.
Foto portada: Iván Cepeda, y Carolina Corcho, tomada de Noticentro 1
Los informes de financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho para la consulta presidencial del Pacto Histórico revelan que una parte sustancial de los recursos provino de donaciones y préstamos de empresas con baja o nula actividad económica registrada, de acuerdo con la información reportada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Se investigará las administraciones departamentales y/o municipales que presuntamente obligaron y pagaron por la votación de sus empleados, hay listados.
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En el caso de Cepeda, la campaña declaró gastos por 964 millones de pesos. El 75 % de ese monto se financió con dos aportes clave: una donación de 609,3 millones de pesos de la empresa Samat Publicidad S.A.S. y otra de 116,1 millones de pesos hecha por su representante legal Javier Pérez. Según certificados de la Cámara de Comercio de Barranquilla citados en la investigación, la empresa registra capital pagado por 20 millones de pesos y cero ingresos por actividad ordinaria, pese a haber realizado el mayor aporte a la campaña. El propio candidato reportó además 125 millones de pesos de recursos personales.
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La financiación de la campaña de Corcho muestra un esquema distinto, pero también concentrado. De los 1.428 millones de pesos reportados como gastos, el 52 % corresponde a préstamos provenientes de una empresa identificada como Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU, que se encuentra disuelta y en proceso de liquidación desde abril de 2025, con un capital inferior a 2 millones de pesos y sin ingresos registrados. Ese préstamo asciende a 737,7 millones de pesos, según lo consignado ante el CNE.
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El 48 % restante de los recursos de la campaña de Corcho se cubrió mediante 41 préstamos de personas naturales, de acuerdo con los reportes oficiales. La empresa prestamista figura con una dirección registrada en el sur de Bogotá, aunque no es posible ubicarla en plataformas de georreferenciación, según consta en los documentos revisados.
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Aunque ninguna de las dos campañas superó los topes legales establecidos para la consulta, la procedencia de los recursos —donaciones de una microempresa sin ingresos y préstamos de una firma en liquidación— ha encendido alertas sobre la solidez financiera de los aportantes y la trazabilidad de los recursos, un asunto que queda ahora bajo el escrutinio de las autoridades electorales.
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Estos hallazgos reavivan el debate sobre los controles a la financiación política en Colombia, especialmente en las consultas internas de partidos y coaliciones; políticos advierten que nuevamente el CNE tendrá que investigar al Pacto, tal como ya pasó con Petro y la campaña del 2022.
Fuente: Noticentro 1
