El ente acusador habla de convenios con Minambiente y el DPS. EL TIEMPO encontró otro con la cartera de Agricultura. ¿Quiénes los firmaron?
Foto portada: Se indagan contratos con el Minambiente y el DPS con Aremca. Tomada de EL TIEMPO
Si bien las audiencias de imputación contra los 9 directivos de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) -capturados el pasado miércoles- se reanudarán la próxima semana, en la diligencia previas el fiscal del caso Andrés Vásquez entregó detalles sobre tres proyectos que ligarían al gobierno Petro con este nuevo escándalo de corrupción usando dinero de las regalías.
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Se habla del desvío de más de 496.000 millones de pesos a través de contratos y 101 convenios con una docena de departamentos, que nunca se ejecutaron en su totalidad. Incluso, el ente acusador asegura tener evidencia de que los desembolsos de recursos por los que se habría dado un enriquecimiento ilícito de particulares se habrían realizado a través de una plataforma administrada por una entidad adscrita a la Presidencia.

Los capturados son directivos de Aremca, quienes niegan las irregularidades. Foto tomada de EL TIEMPO
EL TIEMPO, que desde febrero de 2025 había dejado en evidencia las actividades de Aremca, reveló los escandalosos hallazgos que la Fiscalía hizo en su sede principal de Barranquilla, que incluye una caleta con la contabilidad que supuestamente les había sido robada, y documentos al parecer falsos.
Pero ya en la legalización de capturas y para justificar que el proceso debe ser llevado en Bogotá-, el fiscal Vásquez aseguró que Aremca suscribió un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) sin cumplimiento de requisitos legales y que este sería el primero de los proyectos sobre el que se realizaría la imputación.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía ingresan a la sede de Aremca en Barranquilla. Foto tomada de EL TIEMPO
EL TIEMPO investigó y estableció que el convenio interadministrativo al que se refiere el ente acusador fue firmado el 20 de junio de 2025 por 34.388 millones de pesos y fue suscrito entre Diana Carolina Martínez Jiménez, en calidad de secretaria general del DPS, y Emilia María Álvarez Guerrero, representante legal del ‘club de municipios’ y quien figura entre los capturados por el escándalo.
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Ese convenio tenía por objeto aunar esfuerzos administrativos y financieros en la implementación de un proyecto para mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de los hogares, mediante la producción de víveres y “la promoción de hábitos y estilos de vida saludables”. Y tenía plazo de ejecución hasta diciembre de 2025.
¿Quién giraba la plata?

Andrés Felipe Vásquez, fiscal del caso Aremca. Foto tomada de EL TIEMPO
De hecho, la Fiscalía mencionó que, además de convenios, el Ministerio de Ambiente designó a Aremca como ejecutor de regalías en diciembre de 2024 y septiembre de 2025 para proyectos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (Bpin).
El fiscal Vásquez también dijo que las aplicaciones de giro y desembolso de recursos por los que se habría cometido el enriquecimiento ilícito y peculados por apropiación “se hacen por una plataforma que se llama SPGR, administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”.
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Desde febrero de 2025, EL TIEMPO reveló que, entre los convenios y contratos en los que figuraba Aremca, había uno con la cartera de Agricultura, ya en el gobierno Petro, por 10.000 millones de pesos, para modelos de producción en hatos ganaderos en Sucre.
¿Qué dice el Gobierno?

El entonces ministro Ricardo Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides. Foto tomada de EL TIEMPO
Hasta ahora, ningún funcionario del gobierno Petro se ha pronunciado sobre el nuevo escándalo de corrupción que salpica a la administración saliente de Gustavo Petro.
Ahora se espera que la Corte Suprema, que le hizo una inspección a Aremca, establezca si ese escándalo tiene nexo con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD), como lo reveló este diario desde el año pasado.
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En efecto, este diario ya había advertido que hay un chat de Camilo Ernesto Díaz Carrillo, cuyo teléfono estaba en manos de Alejandra Benavides, la asesora estrella del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Díaz aparece como representante de un consorcio –Brisas del Cravo– que Aremca contrató para ejecutar la construcción de un relleno sanitario por 20.000 millones de pesos, con regalías.
En su momento, Alfredo Ballestas, jurídico de Aremca, le dijo a EL TIEMPO que la Corte no los había citado, que no tenían nexo con el asunto de la UNGRD y que todas sus actuaciones eran legales.
Fuente: EL TIEMPO