Fiscalía les imputó cinco delitos a tres procesados por su supuesta participación en la empresa criminal que incluye a funcionarios del Ejecutivo y congresistas.
Foto portada: Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis E. López, tomada de El Tiempo
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Enviados a guarniciones militares
El juez expone que, tal como lo pidieron la Fiscalía y los defensores, los tres procesados irán a guarniciones militares mientras se sigue investigando este caso.
Audiencia continuación de medida de aseguramiento caso UNGRD
Este sábado se reanudó la audiencia en la que el juez Cidulfo Hernández decidió que Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López como protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD van a ir a guarniciones militares mientras continúa la investigación, tal y como lo solicitó la Fiscalía en la imputación en su contra por ser los supuestos articuladores de la organización criminal dedicada a direccionar irregularmente contratos, términos que cuestionó el juez.
La cita se realizó de manera mixta (presencial y virtual) en el complejo judicial de Paloquemao, exactamente en el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, el cual ya escuchó los hechos por los cuales las fiscales María Cristina Patiño y Andrea Muñoz les leyeron cinco delitos a los tres hombres capturados, quienes han salpicado a más personas -entre ellas funcionarios del Ejecutivo y congresistas- que habrían delinquido con ellos a cambio de obtener beneficios judiciales.
En el caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ellos fueron director y subdirector de Manejo de Desastres -respectivamente-, y en varios interrogatorios confesaron que recibieron y dieron órdenes para torcer la contratación en varios municipios del país, entre ellos La Guajira, donde se compraron 40 carrotanques con sobrecostos que ascienden a los 15.000 millones, utilizados en coimas a repartir entre los interesados como el contratista Luis Eduardo López.
En este escándalo todos los salpicados se han declarado inocentes, incluyendo al ministro Ricardo Bonilla; a la exconsejera Sandra Ortiz; al exministro Luis Fernando Velasco; al exdirector de la DNI Carlos Ramón González; y a los nueve congresistas entre los que se destacan Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido un botín de 4.000 millones de pesos en octubre del año pasado.
Durante la instalación de la nueva legislatura, el pasado 20 de julio el presidente Gustavo Petro le pidió perdón al país debido a que varios de sus funcionarios están mencionados en el entramado corrupto, y a la par ha indicado que nadie sobre quien haya sospechas seguirá en su gobierno.
Fuente: El Tiempo
