La Fiscalía indicó que la investigación queda en manos del Consejo Nacional Electoral pues el ente acusador no tiene competencia en lo que tiene que ver con cumplimiento de normas electorales.
El fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que el testimonio juramentado del exsenador Otto Bula, respecto a los dineros de Odebrecht que presuntamente entraron a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, es prueba suficiente para compulsar copias al Consejo Nacional Electoral que es el encargado de investigar el cumplimiento de las normas electorales.
Martínez señaló que «existe el testimonio del señor Bula donde dice que tomó un millón de dólares, del cual descontó un diez por ciento, que tenía como destino el doctor Roberto Prieto», quien se desempeñó como gerente de la campaña de 2014 del presidente Santos.
De acuerdo con el jefe del ente investigador, Bula indicó que Andrés Giraldo, «una persona cercana al doctor Roberto Prieto» recibió ese dinero y se lo entregó.
«Estos giros se habrían producido en los primeros meses del año 2014», apuntó Martínez.
El funcionario explicó que hay documentación sobre los flujos financieros de dicha suma desde Brasil pero resaltó que no hay pruebas documentales de que esos fondos hayan entrado a la campaña del mandatario colombiano.
De igual forma, puntualizó que no es correcto comparar este caso con el Proceso 8.000 que es «un proceso judicial, este proceso será de naturaleza administrativa que se curse ante el Consejo Nacional Electoral, a partir de la compulsa de copias que se hizo».
Además, señaló que «no se está hablando de recursos provenientes del narcotráfico. Tenemos que tener en cuenta que para el año 2014, época en que Odebretch habría financiado algunas campañas en el país, Odebrecht no tenía mácula ni ningún tipo de señalamiento desde el punto de vista de su integridad».
Martínez indicó que la Fiscalía proveerá «toda la cooperación al Consejo Nacional Electoral con el objeto de que pueda adoptar las decisiones que en derecho corresponden».
Asimismo, explicó que el ente investigador no puede llamar a Roberto Prieto a declarar porque no es de su competencia analizar si se cumplieron las normas electorales.
«Un mismo hecho puede tener distintas connotaciones de carácter legal. En lo que corresponde a la presunta financiación de una campaña electoral, ese es un asunto vedado para la Fiscalía entendiendo que las sanciones son de naturaleza disciplinaria y administrativa por conducto del Consejo Nacional Electoral», afirmó.
No obstante, aseveró que la Fiscalía continuará investigando los sobornos realizados por la constructora brasileña en Colombia.
Fuente: CM& – VALENTINA TORRES SÁNCHEZ
