La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años al director Seccional Putumayo – Dirección Regional Sur del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Félix Antonio Ávila López, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Foto portada: Imagen de la audiencia virtual, PGN
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El ente de control encontró responsable al funcionario por el acceso carnal a una menor perteneciente a la etnia Inga, quién para la época de los hechos contaba con 13 años.
También demostró el segundo cargo endilgado a Ávila López por actos sexuales con menor de 14 años, y por inducirla a que observara el acceso a su amiga de 14 años, con lo que permitió que la víctima fuera testigo de hechos no adecuados para su formación sexual.
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La Procuraduría también confirmó que el funcionario utilizó la sede del Instituto de Medicina Legal para recibir a las menores con propósitos diferentes a la misión de la entidad, abusando de su cargo “en una oficina pública para realizar tocamientos y dar besos a las niñas a cambio de dinero, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad familiar, afectiva y económica de la niña de 13 años”.
También lo sancionó por peculado por uso.
El Ministerio Público también encontró responsable a Ávila López de un tercer cargo, peculado por uso, porque utilizó la camioneta asignada a la dirección para trasladar a las menores a un motel.
El ente de control calificó la conducta de Ávila López en los tres cargos formulados como faltas gravísimas, a título de dolo, porque era consciente del comportamiento que desarrollada, máxime cuando era un tema que manejaba en su función como servidor público y en su condición de médico y director seccional del instituto de Medicina Legal en Putumayo, con lo que afectó “los derechos de la víctima menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Inga, derechos que prevalecen sobre los demás por mandato constitucional”.
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De igual manera, generó un daño social porque su proceder, que fue objeto de repudio ciudadano, ocasionó un grave perjuicio a la institucionalidad y legitimidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, agravado en el hecho de que su condición de directivo lo obligaba a tener un mayor respeto hacia su víctima.
Contra la decisión la defensora del disciplinado interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria.
Fuente: PGN
