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El prontuario del zar de la vigilancia, Jorge Moreno

Por Luis Eduardo Rendón Monroy
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Le imputarán cargos por los delitos de fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia

Jorge Moreno. Contratista del sector de seguridad y vigilancia. / Archivo

Jorge Moreno quedó en el foco de la opinión pública tras el debate que se desató por las denuncias del superintendente de Industria y Comercio, Felipe Robledo, quien dijo que se estaba tramitando una ley para que el cartel de las empresas de seguridad y vigilancia quedara impune.

Por un frente la Fiscalía espera que la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Moreno Ojeda, el denominado zar de la seguridad en Colombia, no vuelva a sufrir ningún contratiempo. Por otro, al Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo, continúa el proceso por competencia desleal contra ocho empresas de seguridad que supuestamente funcionaban bajo el mando de Moreno para apropiarse de la contratación estatal. Y, mientras estas dos entidades avanzan en sus investigaciones, en el Congreso se tramita una ley que, según el superintendente Robledo, sería el salvavidas para Moreno.

El nombre de Jorge Moreno Ojeda comenzó a aparecer en distintos expedientes desde 2011 por un proceso que ese año abrió la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese entonces el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) denunció que las sociedades Starcoop y Guardianes estaban violando las normas de libre competencia en las incitaciones estatales al simular que eran competidores. El ICBF le dijo a la SIC que las empresas de seguridad estaban trabajando articuladamente para apropiarse de un contrato de $4.300 millones.

La Superintendencia de Industria y Comercio entre abril de 2012 y 2013 empezó a indagar, realizó visitas de inspección a ocho empresas de seguridad probada en las que halló documentos y cruces de correos electrónicos en los que se habría evidenciado la forma en que actuaron mancomunadamente para apropiarse de 253 procesos licitatorios en más de 149 entidades públicas. Los nombres que más aparecían en esos documentos era el de Jorge Moreno Ojeda, sus familiares y su círculo de colaboradores más cercanos. Las autoridades de control establecieron que de 100 licitaciones, el grupo se quedó con 25, que sumadas daban un valor de $63.000 millones.

El 28 de enero de 2015 se le dio el primer golpe al empresario Jorge Moreno Ojeda y desde esa época fue llamado el zar de las empresas de seguridad: el Superintendente Delegado para la Protección de la Libre Competencia le formuló pliego de cargos junto a otras 31 personas y ocho empresas de seguridad –al parecer algunas de su propiedad a pesar de que no aparece en los registros. La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que las empresas Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda, Cooperativa de Vigilantes Starcoop Cta, Cobasec Ltda, Centinel de Seguridad Ltda, Expertos Seguridad Ltda, Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Insevig Ltda, Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi Cta y Security Management Group S.A. eran de los mismos dueños y participaban como competidoras en procesos licitatorios para evitar que el contrato se lo dieran a alguien distinto.

La prueba estrella que confirmó lo que se encontró en documentos y correos electrónicos fue el testimonio de un exrepresentante legal de una de esas ocho empresas que entregó pormenores de la estrategia que se utilizó para quedarse con los contratos del Estado. En diciembre de 2014, quien había sido uno de los socios de Jorge Moreno Ojeda, relató que el empresario dio la orden de que no se enviaran más correos sobre el manejo de temas comerciales ni licitaciones. En pocas palabras, más cautelosos.

El testigo agregó que las reuniones empezaron citarlas por medio de un mensajero, que se hacían en una oficina de Moreno en el barrio La Castellana (en Bogotá) a la que le decían Casa Blanca y que ahí definían en que procesos licitatorios participarían y cómo sería la repartición de las ganancias. El exrepresentante legal, que también colaboró con la Fiscalía, precisó que Jorge Moreno no figuraba en ningún papel y que sabía con antelación los días en que los investigadores realizarían inspecciones a sus oficinas, por lo que ordenaba ocultar y destruir información al formatear los equipos.

La Superintendencia advirtió que entre 2010 y 2012 las ocho empresas, bajo la dirección de Jorge Moreno, participaron en licitaciones de la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio de, la Rama Judicial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Notariado y Registro, el ICBF, el SENA, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, de 13 gobernaciones y de 37 alcaldías.

Jorge Moreno al parecer construyó una red a la que le era infalible perder un contrato, pues al monopolizar la licitación redujo costos y dejó solamente como competidoras a empresas de su propiedad. Entre los señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio están algunos de sus familiares como Carlos Moreno Cubillos y Aurora Moreno Ojeda. También identificó como sus socio principal al excoronel retirado Leonidas Aponte –representante legal de la Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Insevig Ltda– y a Polo Ávila exgerente del Fondo de Vigilancia de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.

Jorge Moreno ya había sido vinculado en años pasados a otros escándalos. En los años 90 salió de la Caja Popular luego de que se hablara de un desfalco de $90.000 millones que terminaron en inversiones como un campo de golf y en apoyos financieros a equipos de fútbol. En varias oportunidades fue candidato a cargos públicos –intentó ser representante a la cámara– gracias a sus lazos con políticos que en estos momentos ocupan cargos en carteras importantes del Gobierno. Asimismo, en 2012 su nombre salió a relucir en los escándalos de corrupción que rodeaban a la Unidad de Protección (UNP).

En ese entonces, el recién llegado director de la UNP, Diego Mora, se disponía a contratar el alquiler de carros blindados, el suministro de armas y el servicio de escoltas, que antes había estado administrada por dos consorcios, Protección 33 y la Unión Temporal Siglo XXI, en los que Jorge Moreno tenía participación. Pese a las alertas que existían, informes internos sobre posibles actos de corrupción en la UNP, Moreno participó de los procesos licitatorios.

En su defensa, Jorge Moreno le dijo a este diario que desde 2015 ha soportado señalamientos en su contra por crear un supuesto cartel de la vigilancia. También señaló que dará sus argumentos ante los jueces y no en los medios de comunicación porque respetara el debido proceso y defenderá su presunción de inocencia. “Me enteré por los medios de comunicación, que registraron una rueda de prensa, que estaba siendo juzgado, ni siquiera acusado, de haber constituido un mal denominado “cartel” de la vigilancia. Sin embargo, a pesar de las innumerables irregularidades procesales, he atendido y lo seguiré haciendo todos los requerimientos tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio, como de la Fiscalía General de la Nación”, manifestó el personaje sobre quien gira el debate por la ley que regulara las empresas de seguridad en el país.

Fuente: El Espectador.com

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