Fiscalía no suspenderá órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo, solicitud hecha por el Gobierno Petro es desestimada

Fiscalía no suspenderá órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo, solicitud hecha por el Gobierno Petro es desestimada

Alias Chiquito Malo (der.) fue postulado como vocero por parte del Gobierno. Son varias personas a las que no se les concederá el beneficio porque no tienen estatus político.

Foto portada: Alias ‘sopas’ y ‘chiquito malo’ (der), tomada de Policía Nal y el Tiempo

 

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La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud que les envió el Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura a varios jefes paramilitares que se sumarían a los acercamientos exploratorios para la ‘paz total’ que propone el presidente Gustavo Petro

En un oficio, el ente acusador le hizo saber al Ejecutivo que no hay un sustento ni un marco jurídico para acoger el pedido del Ejecutivo.

En conclusión, la Fiscalía «no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocidos como ‘clan del Golfo'».

Es de destacar que el criterio que tuvo en esta decisión el ente acusador se plantea conforme la independencia judicial que tiene la Fiscalía y los jueces de la República para pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura.

También aparece que un fiscal no puede suspender las medidas penales que toman los diferentes jueces del país, pues de hacerlo sería una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial.

La vicefiscal Martha Mancera y el fiscal general Francisco Barbosa- Foto: Fiscalía

 

La decisión de la Fiscalía consta de siete páginas y fue firmada por la vicefiscal general Martha Mancera, y fue dirigida al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Otro de los argumentos expuestos en los oficios tiene que ver con que, en efecto, «no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto».

Por eso, sin ese sustento no hay una vía para que se suspendan las órdenes de captura de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Jose Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Alexander Celis Durango, alias Byron; y Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, a quienes el Gobierno de Petro reconoció como voceros de las Agc, o ‘clan del Golfo’.

Además, el decreto incluye a José Miguel Demoya, alias Chirimoya; a Orozman Orlando Osten Blanco, Luis Armando Pérez Castañeda y a Alex Sierra Moncada.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

 

De otro lado, mediante el decreto 002 de 2023, también emitido el pasado 11 de enero, fueron reconocidos como representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada a Fredy Castillo Carrillo, Carmen Evelio Castillo Carrillo, José Luis Pérez Villanueva, Norberto Quiroga Poveda, John Rafael Salazar Salcedo, Cesar Gustavo Becerra Gómez, Eduar Castaño Morales y a Santiago Rafael Pertuz Caballero.

‘No tienen estatus político’

Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia no tienen un estatus político.

 «La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político (….) Desde este punto de vista, la información probatoria de la Fiscalía, validada ante los jueces de garantías y de conocimiento, indica que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son herederas de estructuras paramilitares», se lee en el oficio de la Fiscalía al Alto Comisionado para la Paz.

Otra de las tesis del ente acusador en cuanto al estatus es que de acuerdo a la Ley 2272 de 2022, que modificó la 418 de 1997, esta limita el margen del Gobierno para reconocer el estatus político a organizaciones criminales.

«La Ley 2272 de 2022 señala que el Gobierno Nacional podrá adelantar dos tipos de procesos, a saber: (i) negociaciones y diálogos con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), las cuales tendrán un carácter político; y (ii) la ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto».

En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. De hecho, esa es la postura de la Fiscalía, la cual argumenta en el oficio dirigido a Danilo Rueda que la concesión de beneficios judiciales para miembros de estas estructuras armadas «debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura».

Una salida ante este contundente rechazo es que «dado que es razonable plantear que la competencia del fiscal no fue concebida para aplicarse frente a estructuras que no tengan o a las que no se les pueda reconocer estatus político, el Gobierno Nacional deberá pedir la concesión de tales beneficios a los jueces de la república competentes, tal y como lo prescribe el parágrafo 2º del artículo 511 de la Ley 2272 de 2022».

Por el momento, ninguno de los integrantes del gabinete presidencial se ha pronunciado ante la decisión de la Fiscalía.

Fuente: El Tiempo