Están en juego $40.000 millones que tendría que pagar el Estado por cuenta de una decisión dictada por ella y que, según las pruebas, la tomó desconociendo la ley.
Las obras se adelantaron en carreteras del Valle del Cauca. Foto / Archivo
El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, soltó este martes una noticia esperada por el Estado colombiano: “Fueron capturadas dos personas en un operativo de una investigación de la Fiscalía que veníamos realizando ya desde hace vario tiempo. Los capturados son: la jueza segunda civil del circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, y el señor Carlos Andrés Grajales Gamba”.
Y aunque parecía un anuncio de trámite en la congestionada rama judicial colombiana, esta captura significa nada más y nada menos que la única esperanza que tenía la Nación para salvarse, por ahora, de pagar la nada despreciable suma de cerca de $40.000 millones. La razón: que un fallo emitido por dicha jueza obligaba al antiguo INCO, ahora Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a pagar por un predio por el que se trazó una carretera unos $17.000 millones, cuando no valía ni $3.000 millones.
“Esta investigación surgió por una denuncia que interpuso el INCO en el 2011 por las presuntas denuncias irregulares que se habrían dado en ese juzgado en un proceso judicial de la expropiación de un inmueble denominado ‘Complejo turístico parador de Buga’. Es un bien indispensable para adelantar obras de infraestructura relacionadas con la malla vial del Cauca y Valle del Cauca”, detalló Perdomo.
Y, acto seguido, apuntó: “La Fiscalía, después de una investigación juiciosa, encontró que la jueza decretó la expropiación del bien, amparada en un avalúo comercial muy superior, ostensiblemente superior al precio real, al precio comercial, lo que significaría un detrimento patrimonial para el Estado en cabeza del INCO por unos $40.000 millones. El avalúo inicial que se hizo en este caso fue de $2.000 millones, finalmente se hizo otro avalúo por $17.000 millones, pero lo que estaría obligado a pagar el INCO con la indexación serían $40.000 millones”.
Por ahora, hay un cúmulo de evidencias que tiene la Fiscalía en contra de la jueza, entre ellas, grabaciones de llamadas que confirmarían que hubo presuntas decisiones irregulares catalogadas como “actos de corrupción” en donde estaría involucrado Grajales, el particular capturado quien, valga recordar, es “hijo del propietario del inmueble, por lo cual es evidente tiene un interés en el resultado del proceso de expropiación”, afirmó Perdomo.
El Espectador, el pasado 31 de abril, había denunciado este caso y contado en detalle el comienzo a fin del proceso (lea aquí la historia). En esa publicación, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI (antiguo INCO), dijo: “Somos respetuosos de la ley y la tenemos que cumplir. En este momento esa sentencia está en firme y nos vemos en la obligación de pagar. De hecho, ya le hicimos una oferta de pago a la contraparte”. Pero recalcó que “siempre hemos estado en desacuerdo con la forma como se valoró ese inmueble, porque usaron una metodología distinta a lo que decía la ley… El avalúo y la metodología que usó la jueza fueron en contra de las reglas”.
Los delitos que se le van a imputar a la jueza son prevaricato por acción, cohecho propio, concusión, así como a Grajales prevaricato por acción en calidad de determinador y otros. “Esta decisión es muy importante por lo que es un presunto caso de corrupción al interior de la administración de justicia que afecta a una institución del Estado. El proceso continúa y las audiencia se van a hacer en la ciudad de Bogotá”, declaró Perdomo justo después de darle un respiro a las cuentas de la Nación.
Fuente: El Espectador.com – Por: Edwin Bohórquez Aya
