Tras acordarse la conciliación, el texto final se votará de nuevo en el Congreso la próxima semana.
Foto portada: Congreso de la república de Colombia.
Apesar de que las plenarias de Cámara y Senado aprobaron hace una semana la reforma tributaria con la que el gobierno de Gustavo Petro quiere recaudar 20 billones de pesos para el 2023, el proyecto no ha podido pasar todavía a sanción presidencial porque le falta un último visto bueno en el Congreso.
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Se trata de la conciliación de los textos que fueron aprobados en las dos corporaciones y que tenían algunos puntos diferentes. Para ello, se creó una comisión conformada por cuatro congresistas: Clara López y Juan Diego Echavarría, por el lado de los senadores, y Álvaro Monedero y Jorge Bastidas, por el de los representantes.
Los conciliadores tuvieron tres reuniones a lo largo de esta semana para discutir los puntos diferentes de ambos textos y elaborar un único documento final, que se espera debatir el próximo martes en el Congreso.
Entre los temas más polémicos que tuvieron que decidir está el del impuesto a las iglesias y el de la tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas. Ambos habían sido aprobados en el debate de Cámara, pero no en Senado, y finalmente ninguno de los dos pasó en la conciliación que se realizó este jueves.
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“Había diferencias en varios artículos, pero los cambios no eran realmente sustanciales”, aseguró el representante Jorge Bastidas, quién explicó que iniciaron la revisión una vez tuvieron las versiones oficiales de los textos subidos en la Gaceta del Congreso.
El primer punto planteaba ponerle un impuesto de 20 por ciento sobre la renta a las iglesias cuando estas realizasen actividades no relacionadas con su objeto social, es decir, cuando presentaran ingresos por temas comerciales ajenos al culto religioso, como por ejemplo vender libros.
Este artículo no fue inicialmente una propuesta contemplada por el Gobierno el pasado 8 de agosto, fecha en la que se radicó la tributaria; sin embargo, la representante por la Alianza Verde Katherine Miranda logró meterlo en el texto del proyecto en medio de la discusión de estos casi tres meses y tener aval del Ministerio de Hacienda.
En los últimos días y en paralelo a la conciliación de los textos, creció la oposición a este artículo. Incluso, varios senadores de diferentes partidos como el liberal, el conservador, Cambio Radical o Centro Democrático, entre otros, firmaron una carta para pedir la exclusión del impuesto del proyecto. “De no ser así, se vería en riesgo la aprobación del proyecto”, alertaba la misiva. Esto por cuenta de que la próxima semana se vota nuevamente ese texto final.
Aunque finalmente se descartó este impuesto en la conciliación, el tema pasará a discutirse en una mesa técnica que se conformará entre el Ministerio del Interior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las iglesias y Confesiones.
Otro de los puntos de la discordia en el proceso de conciliación de la tributaria era la tarifa de renta progresiva para las pequeñas y medianas empresas. Esta fue una proposición de la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, que se aprobó en Cámara el último día del debate.
El objetivo de esta propuesta era disminuir a 30 por ciento el impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que la tarifa general es más elevada, del 35 por ciento.
Esta decisión fue celebrada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que lidera Rosmery Quintero. “Esta reducción contribuirá a disminuir la desigualdad empresarial existente y beneficiará al segmento más importante del país. Estas representan el 99,6 por ciento del tejido empresarial, aportan el 80 por ciento del empleo total del país y contribuyen con aproximadamente el 35 por ciento del producto Interno bruto”, sostuvo el gremio.
Sin embargo, esta tarifa diferencial no fue respaldada en el propio debate de la semana pasada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien dijo, en medio de la discusión, que la medida tendría un impacto fiscal considerable y que se dejarían de recaudar unos 1,5 billones de pesos al año.
Esta tarifa diferencial no quedó en la conciliación porque sería “un vehículo que permitiría una evasión muy grande por parte de empresas que fraccionen sus utilidades, pasándolas a las de menor tasa y dejando las pérdidas en las de mayor tasa”, dijo la senadora Claudia López.
Nuevos cambios en el proyecto
El jueves también se acordó que las boletas para el ingreso a espectáculos, como las corridas de toros, deberán pagar IVA, al igual que la comercialización de animales de compañía.
Igualmente, habrá cero arancel para los productos e insumos agrícolas. También se especificó que los alimentos ultraprocesados empezarán a tener impuestos desde noviembre del próximo año.
Fuente: EL TIEMPO.
