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Consejo de Estado ha tumbado sanción que Procuraduría había proferido contra Rodolfo Hernández

Por Luis Eduardo Rendón Monroy
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Una decisión que acaba de proferir el Consejo de Estado, en la que deja sin efecto una sanción disciplinaria en contra de Rodolfo Hernández cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, deberá devolverle cerca de 90 millones de pesos, lo acaban de notificar.

Foto portada: Julio César Ortiz y Rodolfo Hernández, tomada de El Tiempo

El exmagistrado Julio César Ortiz, apoderado de Hernández, pidió que se declarara la nulidad del fallo proferido por la procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa que, en 2019, suspendió a su cliente del ejercicio del cargo y lo inhabilitó por el término de 8 meses.

‘El factor Petro’

La sanción disciplinaria contra Hernández, elegido por voto popular, se tradujo en el cobro de los salarios devengados para el momento de los hechos 124 millones de pesos.

Ortiz, también solicitó la nulidad del fallo del 18 de agosto de 2020 proferido por la sala disciplinaria de la Procuraduría, que confirmó lo dicho en la primera instancia.

La sanción está vinculada con la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo, el 22 de julio de 2019, que culminó con la sanción por incumplir el deber de trata con respeto y dignidad al cabildante.

Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Santander negó, en 2022, las pretensiones.

Este es el momento en el que Rodolfo Hernández le propina una cachetada al concejal John Jairo Claro. Foto tomada de El Tiempo

 

De paso, señaló que el fallo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profirió a favor del entonces alcalde Gustavo Petro, al decir que no podría ser retirado del cargo por haber sido elegido por voto popular, no podía tomarse como un precedente en el caso de Hernández.

Al respecto, advirtió que una cosa era la separación del cargo y otro la suspensión por 8 meses, como sucedió en el caso de Hernández.

Apelación y fallo

No obstante, Ortiz (uno de los abogados de Petro) interpuso recurso de apelación y señaló que se estaba transgrediendo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos al imponer una sanción disciplinaria que restringe derechos políticos sin que se haya surtido un proceso judicial con condena por juez competente.

Además, que la Procuraduría no desvirtuó la presunción de inocencia y no probó que la conducta se hubiera ejercido en cumplimiento de un deber funcional.

Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado (de la que hace parte el magistrado Rafael Suárez) tomó 5 decisiones sobre el tema.

Revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad del fallo de la procuraduría primera delegada.

Además, ordenó a la Procuraduría General, como restablecimiento del derecho, la eliminación en la base de datos del registro de la sanción.

Finalmente, declaró que Hernández no está obligado a pagar 95.692 mil pesos de la sanción y que si ya lo hizo se le debe devolver.

Fuente: El Tiempo

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