En Pereira solicitan medida de aseguramiento intramural contra una Fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos y domiciliaria para dos investigadores del CTI

En Pereira solicitan medida de aseguramiento intramural contra una Fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos y domiciliaria para dos investigadores del CTI

Una fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos y dos técnicos judiciales del Risaralda son objeto de una   investigación y el 4 de enero pasado les imputaron cargos. Según la investigación, la fiscal identificada como María Eugenia Taborda se las habría ingeniado para ‘quitarle’ a dos colegas procesos importantes en contra de bandas del microtráfico y habría ordenado interceptar sus teléfonos de manera fraudulenta.

Foto portada: Fiscal María Eugenia Taborda Franco e investigadores Carlos Iván Salguero Zarabanda y Edison Jamith Sánchez Aguirre, tomadas del Q’hubo

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LAS INTERCEPTACIONES  

En la audiencia llevada a cabo ayer, el fiscal 53 dio a conocer que la fiscal habría inventado la existencia de una fuente que era integrante de la organización delincuencial La Cordillera, quien entregaría información sobre uno de los líderes, alias Mofre, quien supuestamente tenía fichas dentro del ente acusador para conocer sobre operativos contra ellos. Esta persona pidió no aparecer en los registros para proteger su identidad, sin embargo, nada de esto sería cierto ni siquiera la existencia del informante ni del líder delincuencial.

La fiscal habría solicitado una orden de interceptación de los celulares, de dos hombres que presuntamente entregaban información a la organización delincuencial a cambio de dinero, estos resultaron ser los teléfonos de dos fiscales de Risaralda.

Dichos fiscales llevaban en sus despachos procesos delicados contra grupos delincuenciales organizados que operan en diferentes zonas del departamento, especialmente en  el área metropolitana. Entre los que se encontraban Tellus, Némesis Zombies y La Cordillera.

Durante 18 meses no se hizo ninguna actuación contra esos grupos, mientras los casos estuvieron a cargo de la fiscal Taborda hasta noviembre del 2021.

Durante el tiempo que los tuvieron ‘chuzados’, se realizó un Comité Técnico Jurídico con el cual a los dos fiscales les quitaron los casos y le fueron asignados a la fiscal María Eugenia Taborda Franco. Taborda Franco es la fiscal 31 delegada ante los jueces penales del circuito, pertenece a la Unidad Regional Antinarcóticos, quien después de tener bajo su tutela las investigaciones se declaró impedida porque conocía a Eliana Patricia Aguirre quien aparecía en uno de los expedientes como jefa de finanzas de Apocalipsis. La mujer le hacía las uñas y le arreglaba el pelo a Taborda.

Fiscal María Eugenia Taborda Franco y su abogado en audiencia

LOS INVESTIGADORES DEL CTI INVOLUCRADOS

Edison Jamith Sánchez Aguirre en audiencia, técnico investigador II del CTI

En los hechos también estarían involucrados Carlos Iván Salguero Zarabanda, natural de Chaparral en Tolima quien se desempeña como técnico investigador IV y Edison Jamith Sánchez Aguirre, natural de Pereira y quien labora como técnico investigador II, además de ser el coordinador de la sala de interceptaciones.

SOLICITUD DE LAS MEDIDAS

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el pasado 5 de enero del presente año, el fiscal encargado del caso le pidió al juez que le fuera otorgada una medida restrictiva de la libertad intramural a la fiscal María Eugenia Taborda y a los dos investigadores, Carlos Iván Salguero y Edison Jamith Sánchez les dieran una medida domiciliaria. El fiscal argumentó que en el caso de Taborda se podría presentar una obstrucción a la justicia por parte de ella, con lo cual se dificultará la investigación.

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Aplazan audiencia para definir las diferentes medidas de aseguramiento

Periodismo Investigativo conoció que la audiencia para definir si se conceden a no las diferentes medidas de aseguramiento, quedó aplazada por diferentes compromisos de procesos del despacho, para el próximo jueves 20 de enero a las 8 de la mañana.

Dos fiscales eran chuzados ilegalmente

Conforme lo indican las autoridades, las interceptaciones no tenían un motivo y solo se habrían hecho para darle legalidad a la jugada de la fiscal y los investigadores, las ‘chuzadas’ estaban proyectadas para 180 días, pero fueron canceladas mediante una solicitud al Juzgado 6 al cabo de un mes. Los investigadores nunca indicaron que los números pertenecían a fiscales con los cuales habían trabajado, según las indagaciones que se adelantan.

Fuente: Q’hubo