La exalcaldesa de Armenia Dra. Luz Piedad Valencia Franco a través de su defensa el abogado Juan Camilo Mesa Velásquez presentó ante la Fiscal 20 Seccional de Armenia un preacuerdo, el cual fue avalado por el ente investigador, este preacuerdo deberá ser presentado en audiencia por la Señora Fiscal 20 Seccional ante el Señor Juez Primero Penal del Circuito para solicitarle que se imparta legalidad al mismo.
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Ya hubo reintegro de dinero al Municipio
La exalcaldesa Valencia Franco ya reintegró al municipio Mil cuarenta y nueve millones de pesos y firmó títulos avalados por otros Mil cuarenta y nueve millones de pesos garantizando así el reintegro del resto del dinero preacordado con la Fiscalía, Artículo 401 del Código Penal que es un derecho (‘’Código Penal Artículo 401. Circunstancias de atenuación punitiva: Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o reintegrare lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor actualizado con intereses la pena se disminuirá en la mitad. Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte. Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena hasta en una cuarta parte’’).
Más compromisos de Valencia Franco
La exalcaldesa Luz Piedad Valencia se comprometió a aceptar todos los cargos a saber: peculado por apropiación, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la contratación, todos ellos en concurso, la fiscalía solo le dio la rebaja de ley que es la tercera parte por la aceptación (Articulo 352 código de procedimiento Penal) y por el reintegro tenía derecho a una cuarta parte y solo le dio la sexta.
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Presentará excusas públicas a la comunidad de Armenia
La pena sin las rebajas de ley de los artículos 352 y 401 del código penal era de 64 a 270 meses de prisión pero aumentando los concursos con otros delitos quedaría una pena aproximada entre 77 y 100 meses de prisión; dentro de los compromisos están contemplados el reintegro de todo lo apropiado, excusas públicas a la comunidad y quedará privada de la libertad en centro carcelario, además inhabilitada de por vida para desempeñar cargos públicos y contratar con el estado.
La captura
La ex funcionaria fue detenida el pasado 6 de abril junto a seis personas más entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia 58 años de edad, a quien el ente acusador le imputó peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado quien sí aceptó su responsabilidad.
La investigación penal
Todo inició en el año 2014 cuando la imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización, el cual le fue aprobado en octubre. Las contribuciones estaban estimadas en cerca de $100 mil millones.
Las obras que deberían financiarse con la valorización le fueron confiadas en abril y mayo del 2015 por parte del municipio, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia –EDUA-, a través de contratos interadministrativos.
El régimen legal de EDUA le permite regirse por normas de derecho privado, con arreglo por lo cual se seleccionaron al contratista de las obras, el diseñador y el interventor de las mismas.
El 21 de julio del año 2015, para cuando aún no se había efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer contrato de obra por la suma $30 mil millones para la construcción de cuatro obras viales. De estas obras a la fecha se han concluido tres.
El 23 de diciembre, una semana antes de vencerse el período de la administración local, se celebró el segundo contrato por valor de $80 mil millones. Dicho contrato tenía por objeto la construcción de seis obras de infraestructura urbana. De las mismas se suprimieron tres obras entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%).
Los dineros de este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas, para concluir las tres obras del primer contrato. Los contratos de obra, los de interventoría y los de diseño fueron todos adjudicados a empresas vinculadas al contratista Fernando León Diez Cardona.
Todos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, lo cuales fueron realizados posteriormente por el mismo contratista que ejecutaría la obra; y el segundo contrato fue suscrito sin que existiera disponibilidad presupuestal, la que sólo se obtuvo en vigencia de la nueva administración.
En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que desde el año 2014 Valencia Salazar y el contratista Diez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a sus empresas, a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras en interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la fiscal de conocimiento.
Este acuerdo, sin que aún se hubiesen suscrito los contratos respectivos, fue avalado con la entrega de $300 millones de pesos iniciales, que entregó el contratista Diez a Valencia. Posteriormente, éste se habría reunido con los secretarios del despacho de la ex alcaldesa de Armenia para definir el direccionamiento del proceso contractual a favor del contratista mencionado.
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Los secretarios del despacho de la alcaldesa Luz Piedad, presuntamente aceptaron las condiciones para lograr dicho direccionamiento. En el expediente, además, obra evidencia testimonial y documental que daría cuenta de la entrega de las sumas de dinero del acuerdo ilícito, en efectivo, en las ciudades de Armenia y Medellín, a los señores Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, que tendrían como destino final la Familia Valencia.
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