En las canchas de tenis de Pereira templó el carácter con el que ahora enfrenta como una verdadera cruzada implacable la defensa de los consumidores colombianos.
La primera pelea que Pablo Felipe Robledo cazó fue con las empresas de telefonía celular. Recién tomaba las riendas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 2 de octubre de 2012 y a la semana siguiente ya daba de qué hablar. Quería que las compañías compensaran a los usuarios por cada vez que la llamada se cae o cuando no hay señal. “Exija su derecho a la compensación”, les decía a los usuarios a través de las redes sociales, al tiempo que tocaba las puertas de las empresas para presentarse y poner sobre la mesa tal preocupación. Desde entonces, de cuando en cuando, en las pantallas de los celulares de los colombianos aparece un mensaje impensable años atrás: “El operador se permite notifica la compensación de (tantos) minutos…”.
Esa fue apenas la primera de muchas batallas que en cuatro años ha dado. Cuando Robledo empezó como superintendente la expresión ‘cartelización’ era ajena en el país. Había sí ‘cartel’, a secas, como la expresión para la mafia regional, cartel de Cali, cartel de Medellín. Pero con Robledo el país empezó a descubrir que detrás de cualquier local o en fondo de la canasta familiar, se agazapan empresarios para acordar el precio de los productos burlando la competencia del mercado. Robledo identificó carteles en el papel higiénico, los pañales, el azúcar, los cuadernos, el arroz…
“Estoy en el cargo no por tenerlo, sino porque quiero dejar una huella” me dice Robledo, ajustando a su manera la máxima del Papa Francisco. Asegura que está de préstamo en el sector público y que aunque las noticias que producen pueden ser demoledoras para algunos gerentes y sus llamadas puede ser las más indeseadas entre el empresariado colombiano, resultan gratificantes para él; en defensa de los consumidores.
De joven Robledo quería ser tenista profesional. Un sueño que lo persiguió con empeño en Manizales y Pereira, donde trascurrió su infancia y juventud, hasta que entendió que debía concentrarse en las clases de derecho porque en el deporte blanco no tendría como escalar a la élite. En la Universidad Externado de Colombia tuvo entre sus profesores al abogado Ramiro Bejarano quien lo identificó antes de graduarse y lo llevó a trabajar a su bufete. Y luego, cuando Bejarano fue nombrado director del DAS en 1994 en el gobierno de Ernesto Samper nombró a Robledo su secretario privado. Fue su entrada al sector público. Luego de año y medio allí el joven abogado de 25 años se dedicó por tres lustros a ejercer la profesión y a la cátedra universitaria, hasta que en 2010, con Juan Manuel Santos presidente regresó al sector público de la mano de German Vargas Lleras quien había sido nombrado Ministro de gobierno. Robledo era amigo de juventud en Pereira de Luz Maria Zapata, la esposa de Vargas, quien lo invitó a formar parte de la campaña presidencial en la que fue derrotado por Santos.
Desde la primer semana del gobierno, cuando Vargas era ministro de Interior y de Justicia, Robledo empezó a ser escudero de este como viceministro encargado de la política criminal. Y una vez el gobierno dio el tijeretazo para dividir el ministerio (deshaciendo la fusión que había hecho el gobierno Uribe), quedó encargado de la cartera de Justicia y continuó con el nuevo ministro, Juan Carlos Esguerra. Ambos trabajaron en el diseño y el trámite de la fallida reforma a la justicia, que le costó la cabeza al ministro Esguerra y a su vice. Pero para este último más que una salida fue un traslado. “Pablo Felipe Robledo renunció al viceministerio de Justicia y será el nuevo Superintendente de Industria y Comercio”, anunció el Presidente Santos desde su cuenta en Twitter.
Robledo tiene casi cuatro años como Superintendente y tres de separado. Su rutina es elocuente: se despierta poco antes de las 6 de la mañana y empieza a trabajar. Lo primero que hace es leer toda la información que encuentra sobre el sector de la industria y el comercio a nivel del país y en el mundo. Cumple compromisos fuera de Bogotá pero el grueso del tiempo lo emplea en su despacho royendo resoluciones, estudios, leyes, decretos y demás documentos, con su equipo de trabajo hasta las 9 o 10 de la noche. Los fines de semana es otra cosa, se pone los zapatos tenis y empuña su raqueta para batirse al máximo en sagrados partidos de tenis que disputa con sus dos hijos, Martín y Pablo. Los tres hacen venia “su majestad Roger Federer” y se divierten como nadie.
Pero una vez Robledo retoma su corbata vuelve a ser el funcionario feroz. Tan firme y serio ante las empresas que vigila y servicial frente a los usuarios. “Mi principal logro ha sido el haber metido en el corazón de los colombianos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy los ciudadanos saben que esta entidad existe, hoy todos los consumidores colombianos están empoderados, cuando no les gusta, protestan, cuando les venden un bien que no funciona, reclaman, y si no reclaman, muchos dicen que van a denunciar ante la Superintendencia y ahí se les mejora la situación, y si no se les mejora, más temprano que tarde les damos una respuesta“, le dijo en septiembre pasado a El Diario del Otún de su tierra. Y es cierto. En junio pasado Robledo estableció un record sin parangón en materia de multas: alcanzó 1 billón de pesos que suman las cerca de 11 mil sanciones que ha expedido.
A Comcel le puso una tarjeta amarilla de $87.750 millones por abuso de posición dominante; a la Empresa de Acueducto de la Bogotá Humana la multó con $84 mil millones por prácticas restrictivas de la competencia; el Grupo Nule tuvo que entregarle al tesoro nacional $34.420 millones por acuerdo indebido en contratación pública; la empresa Telmex del mexicano Carlos Slim, recibió una sanción por $10.767 millones y un llamado de atención por incumplir condiciones fijadas; la empresa Arroz Roa se llevó un parte por $34 mil millones; el sector azucarero otro por $263 mil millones y el suyo propio tuvo el cartel del papel higiénico que debió desembolsar $120 mil millones, por traer a cuento apenas las multas que más sonaron en caja.
Hay muchas otras menos abultadas pero tal vez más comentadas entre la gente de a píe: marcas como Cicatricure Crema, Tío Nacho (shampoo) o Asepxia (limpiador facial), fueron llamadas al orden por promocionarse con mentiras como “productos milagro”. También tuvo su sanción el caldo deshidratado “Doña Gallina Criolla”, el producto Revertrex que se promocionaba con la imagen de Amparo Grisales y que decía a los consumidores ser “la fuente de la eterna juventud”, y el Regeneris de Alpina que aseguraba ser yogur cuando en realidad era algo menos, un lácteo fermentado.
En medio de ese profuso prontuario de multas algo le preocupa al superintendente. Que la entidad no tiene la suficiente capacidad sancionatoria y que los topes que fija la ley para expedir ciertas multas son un estorbo. En agosto pasado, durante el Congreso de Derecho Empresarial que organizó la Cámara de Comercio de Cartagena Robledo se despachó contra esos topes. Dijo que, por ejemplo, en el caso de las prácticas anticompetitivas el límite de 70 mil millones de pesos como multa impide que se logre abolir esas prácticas como lo han logrado países Europeos, “lo mejor es que la multa sea proporcional al tamaño de la empresa infractora”, aseguró y anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley que le afile los dientes a la Superintendencia.
Cuando se le pregunta a Robledo y a gente de su equipo por las determinaciones más memorables son reiteradas las voces que se refieren a dos: la sanción a 15 ingenios azucareros del Valle por 260 mil millones y la que se le impuso a la empresa de telefonía Movistar, apenas hace unos días. La primer es recordada no sólo ser la multa más alta en la historia del país, sino porque los funcionarios de la Superintendencia estuvieron encerrados con Robledo trabajando hasta el amanecer del 30 de diciembre de 2015, cuando este al fin estuvo seguro de tenían una resolución impecable. “Mientras que todo el país estaba celebrando el fin de año en familia, nosotros estábamos trabajando en ajustar todos los detalles de esa decisión, porque el doctor Robledo había prometido que antes de terminar el año evacuaría ese tema, cosa que cumplió” recuerda uno de sus asesores.
La otra decisión emblemática fue la orden de la SIC a Movistar de devolver más de 6 mil millones de pesos a 208 mil usuarios a los que la compañía les cobró –ilegalmente– 30 mil pesos por cambiar de la modalidad post-pago a prepago. El rubro que la empresa llamó ‘recarga inicial’ y que cada usuario debió pagar fue una estafa y el dinero tendrá que regresar a los bolsillos de cientos de miles de usuarios timados. Son muchas las batallas que ha ganado Robledo quien ha hecho de su trabajo en la Súper una cruzada contra los abusos al consumidor que han aprendido a no quedarse callados.
Por: Jose Monsalve | agosto 10, 2016 Las2Orillas.com