Medida de aseguramiento contra juez que habría solicitado 600 millones de pesos por direccionar un fallo en un proceso de extinción de dominio

Medida de aseguramiento contra juez que habría solicitado 600 millones de pesos por direccionar un fallo en un proceso de extinción de dominio

El procesado habría pedido que dicha suma fuera entregada en dos contados y pactado un adelanto de 50 millones de pesos, suma que tenía en su poder al momento de la captura.

Foto portada: Juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga (Santander), al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández, presuntamente implicado en actos de corrupción.

La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio.

El funcionario judicial habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares, la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones.

Y es que el administrador de justicia no contaba con que su ‘cliente’ lo iba a denunciar ante la Fiscalía y grabaría toda la conversación que tendrían cuando le pediría $600 millones para ‘arreglarle’ ese proceso, para usarlo como una prueba contundente en su contra.

Fue así como el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recibieron la orden de captura por concusión y la ejecutaron el mismo día que recibiría 50 millones de pesos, que harían parte del dinero solicitado a la víctima.

Juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández, Foto tomada de La Opinión

 

Según el ente acusador, Campo Fernández le dijo a su ‘cliente’ que si aceptaba el arreglo, debía entregarle el dinero en tres contados, primero $50 millones para cerrar el ‘negocio’; luego, en 20 días, le darían $250 millones y la plata restante ($300 millones) la debía entregar en un mes.

El juez capturado es natural de La Guajira y tendría su despacho en Cúcuta, donde adelanta procesos penales por extinción de dominio, lo que le ha generado muchas dudas al ente investigador sobre los casos que están a su cargo.

El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería. Además, se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura.

Campo Fernández habría afirmado que, para poder emitir el fallo en favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una nueva solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.

Los Hechos:

En las audiencias concentradas, que se dieron ayer en la tarde, ante un juez de Bucaramanga (Santander), se conoció que la mañana del pasado 23 de marzo, un hombre contactó al abogado de la persona que tiene afectados sus bienes con medidas cautelares de extinción de dominio para que se encontrara con Juan Carlos Campo, y así llegar a un ‘arreglo’ y evitar que pasaran a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Fue así que hacia las 4:00 de la tarde, el abogado recogió al juez Campo Fernández que se encontraba hospedado en un reconocido hotel en Bucaramanga, para hablar cómo podrían evitar que los bienes fueran afectados por una decisión final.

El juez fue capturado el sábado en Bucaramanga.

Después de un recorrido de más de dos horas en vehículo por Bucaramanga, el juez le contó al abogado cómo sería el ‘negocio’ y que debía pagarle $600 millones. Toda la conversación quedó grabada.

A partir de ahí, el juez Juan Carlos Campo se comunicó en varias oportunidades con el abogado para ver qué decisión tomó su cliente para finiquitar el ‘negocio’, pero cada vez que hablaban, el funcionario no se dio cuenta que lo estaban grabando.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que fue rechazado por el procesado quien permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Fuente: Comunicaciones FGN