El Departamento del Quindío figura entre los Departamentos investigados
Foto: Luis Benavides/El Espectador-Archivo
El Ministerio Público indaga la labor de varios funcionarios frente a la irregular atención integral a la población desalojada de su territorio
De manera preliminar, la Procuraduría General de la Nación indaga a las entidades para saber si existe motivación para interponer sanciones disciplinarias a funcionarios por posiblemente incumplir su deber.
Este martes, el delegado para la Defensa de los DDHH de la Procuraduría abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
El Ministerio Público indaga la labor de varios funcionarios frente a la irregular atención integral a la población desalojada de su territorio: “A pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013”.
Según Gabriel Cera Cantillo, delegado para la Defensa de los DDHH de la Procuraduría, entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
De acuerdo con el funcionario también son indagadas las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Este proceso lo inició la Procuraduría en cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional sobre el monitoreo el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
Fuente: El Espectador.com
